El Gobierno nacional lanzó oficialmente la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El 10% restante está reservado para el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores. En una primera etapa se transferirá el 51% de las acciones y la cifra que trascendió para la operación es de 500 millones de dólares. En esta nueva privatización la empresa no estará obligada a invertir para expandir las redes de agua y saneamiento y los usuarios deberán financiar nuevas obras. La empresa que se haga del paquete controlará AySA y el resto a privatizar se hará vía mercados bursátiles

Con la aprobación de la ley “ómnibus”, llamada oficialmente Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), el gobierno de Javier Milei logró el marco legal para la privatización de varias empresas del Estado, entre ellas AySA. Con esta herramienta legislativa, el ejecutivo avanzó ahora con el contrato de concesión, dado a conocer a mediados del mes de mayo.

Esta privatización se realizará en etapas. En la primera, se buscará transferir el 51% de las acciones a un operador estratégico para ceder el control operativo. El resto del paquete accionario será ofrecido posteriormente a través de una oferta pública en mercados bursátiles. Según estiman en medios financieros, el precio que podría alcanzar la empresa ronda los 500 millones de dólares.

Imagen – redes sociales

La concesión será por 30 años con opción a 10 años más y la empresa presta el servicio público de agua potable y desagües cloacales a alrededor de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La empresa estatal es superavitaria. Como parte de la transición, el Gobierno modificó la normativa que impedía cortar el suministro de agua domiciliario, permitiendo que la concesionaria pueda interrumpir el servicio por la falta de pago de dos meses.

La Ingeniera Civil María Eva Koutsovitis, en diálogo con radio La Colectiva, explicó parte de la cronología de esta nueva privatización del servicio de agua y cloacas en la Ciudad y 26 municipios del conurbano: “Sin duda el primer paso para la privatización de AySA se dio cuando se aprobó la Ley Bases, que declaró en su artículo 7 que la empresa AySA estaba sujeta a privatización. El segundo paso lo dio al eliminar los subsidios a la tarifa que realizaba el Estado nacional para que de esta manera la empresa sea rentable para los futuros compradores y esto llevó a aumentos desorbitantes en las tarifas, que en algunos casos durante el 2024 alcanzaron un 1.500%. El año pasado, Manuel Adorni anunciaba formalmente la privatización de AySA y en esos anuncios utilizó un tendal de mentiras, como, por ejemplo, plantear que AySA era una considerable carga financiera para el Estado Nacional, cuando el año anterior la empresa había dado ganancias”

Koutsovitis relativizó también el concepto reduccionista de pérdidas o ganancias al referirse a los servicios brindados por la empresa de agua, dado que: “En Argentina, por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, los servicios de salud recuperan 2,50 dólares y por cada dólar que se invierte en infraestructura de cloaca, los servicios de salud recuperan más de 8 dólares.”

Durante la misma entrevista, la ingeniera dijo que si bien no hay certeza sobre las empresas que se presentarían a la licitación,trascendieron algunos nombres, como los de la familia Neuss, el Grupo Roggio y algunas empresas brasileñas que operan en Río de Janeiro y San Pablo.

Malos recuerdos

La anterior privatización del servicio fue en 1993, en la primera etapa del gobierno menemista, cuando se calificaba el desguace del Estado con el eufemismo de la venta de las “joyas de la abuela”. En ese caso, se entregó la red de agua potable y saneamiento construida durante décadas por el Estado argentino, a la empresa francesa Aguas de Lyon (Lyonnaise des Eaux), bajo el nombre de Aguas Argentinas. Poco después lo vendió al grupo Suez, también multinacional francesa.

La concesionaria evitó las inversiones obligatorias en redes de agua potable y desagües cloacales, especialmente en los sectores más vulnerables del conurbano. Esto llevó a conflictos y juicios contra la empresa centrados en aumentos tarifarios abusivos, incumplimiento de obras y facturación indebida. La privatización fue rescindida en 2006 y la empresa llevó el conflicto al CIADI ((Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Argentina terminó pagando en 2019 una indemnización de 245 millones de dólares.

El próximo viernes a las 10:30 organizaciones vecinales, ambientales y sociales se movilizarán a la sede del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), ubicada en Callao 982, en el marco de la campaña: “No a la privatización de Aysa”