Facundo Molares murió el jueves pasado en el Obelisco mientras lo reducían en el piso policías de la Ciudad. Marcela Sánchez, la fiscal a cargo de la investigación, no habilitó la participación del abogado de la familia y ordenó la autopsia sin la presencia de peritos de parte. Pasados seis días, aún no están en la causa los nombres de los policías que actuaron en el hecho ni quien dio la orden para iniciar la represión. Entrevista al abogado Eduardo Soares, representante de la familia de Molares

El jueves 10 de agosto, en momentos en que era reducido en el piso en una de las plazoletas del Obelisco, murió Facundo Molares, fotorreportero y militante de Rebelión Popular, organización del conurbano. 48 horas después se realizó la autopsia que reveló que murió por «congestión, edema, hemorragia pulmonar y cardiopatía dilatada», según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

En el informe se detalla que “no se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrante sobre la superficie corporal ni sobre los órganos internos, salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha; las fracturas costales e infiltrados hemáticos en tórax descriptas, podrían ser compatibles con las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar consignada en la Historia Clínica del Hospital Ramos Mejía”.

Acceder a la instancia de la autopsia representó un problema para la familia de Molares, que se constituyó como querella a través del abogado Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. El caso es que no se les admitió la posibilidad de presentar un perito de parte. Además, denuncian que la intervención no se realizó atendiendo los protocolos requeridos para estos casos: los de Minnesota y Estambul.

El Protocolo de Minnesota fija una serie de pautas que deben cumplir los Estados cada vez que se investiga la posibilidad de una “ejecución extralegal, arbitraria y sumaria” por parte de policías, gendarmes, prefectos, militares, penitenciarios y demás agentes estatales.

El Protocolo de Estambul es un “manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Allí se define como tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de (…) intimidar o coaccionar a esa persona”.

La policía ya ha reducido a Molares. Unos operan sobre él mientras el resto opera de contrención

Eduardo Soares explicó a Hormigas y Cigarras que “Ni bien ocurrió el hecho nos comunicamos con la fiscalía, primero para reconocer el cuerpo y nos dijo que no, “el cuerpo lo reconocemos nosotros”. Después le pedimos, de acuerdo a los protocolos de Minnesota y otras legislaciones, que queríamos mandar nuestro médico y estar presentes y ser parte de la autopsia y nos dijo “No, no. La autopsia la hacemos nosotros y después les damos los resultados y ustedes los inspeccionan con sus médicos.” lo cual va en contra de toda la legislación nacional e internacional”

Soares agregó que ya le presentaron toda la documentación pertinente, pero aún no lo habían previsto. “A nosotros nos mandó la autopsia junto con el envío a toda la prensa”, dijo el abogado. Por otra parte, hasta el momento de la entrevista la fiscal no había podido realizar ningún reconocimiento efectivo respecto de los policías que actuaron sobre el cuerpo de Molares, siendo que probablemente el Obelisco sea la zona con mayor concentración de cámaras de la ciudad.

En cuanto a filmaciones, se van conociendo nuevas que aportan imágenes más claras sobre lo acontecido. En particular una tomada en altura desde uno de los edificios de los alrededores. Allí se puede observar el accionar coordinado de las fuerzas porteñas que primero separan puntualmente a Facundo Molares de sus compañeros, luego lo derriban y finalmente lo someten en el piso donde queda hasta que alguien de los presentes les alerta de que estaba morado.

Molares reducido. La policía se despliega en abanico

Consultado Soares sobre si pedirían que se investigue quien dio la orden de reprimir, explicó que “Hasta el día de hoy no sabemos quien fue el que ordenó que ante una actividad pacífica irrumpiera la policía de la forma que irrumpió. Nosotros tenemos la hipótesis de que a Facundo lo eligieron expresamente sabiendo quien era y las comorbilidades que padecía. No sabemos que autoridad policial dio la orden”.

También aseguró que en cuanto se regularice la situación y se les incorpore a la causa pedirán una segunda autopsia. Interviene el Juzgado Criminal y Correccional No2, a cargo de Manuel Gorostiaga y la fiscalía actuante es la Nacional en lo Criminal y Correccional 30, que dirige Marcela Sánchez. La causa continúa caratulada como «Averiguación de causales de muerte».

Imágenes extraídas de un video anónimo