El proyecto de Clara Muzzio, actual vicejefa de gobierno electa, impone multas de más de 100.000 pesos a las personas que manipulen “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos”. La reacción de las organizaciones de trabajadores cartoneros, entre otras y de la oposición parlamentaria hizo que se sacara este punto del debate de hoy. También incrementaba las penas a quienes sacaran la basura fuera del horario de 19 a 21

Con estupor recibió buena parte de la sociedad porteña, el contenido de un proyecto de ley que modifica el código de faltas de la ciudad y agrega un capítulo con el concepto de “reparación verde” con “infracciones ambientales”, de higiene urbana y de daño en el espacio público. El proyecto prevé multas de hasta 101.262 pesos para quienes manipulen la basura de los contenedores, y para las vecinas y vecinos que la saquen fuera del horario de 19 a 20, las multas van de los $14.446 a 144.660.

Es un proyecto de Clara Muzzio, vicejefa de gobierno electa de Jorge Macri. Las organizaciones sociales criticaron el proyecto y el bloque gobernante lo quitó de la agenda de hoy. Sin embargo, resulta una muestra de la mirada simplificadora con la que la coalición gobernante pretende abordar el tema.

Es obvio que el problema que tenemos como sociedad es bastante más complejo y que esta respuesta punitiva raya el absurdo ¿Cómo haría para pagar una multa alguien que busca comida vencida en los tachos frente a los supermercados? Basta pararse en cualquiera de las cuadras de la avenida Nazca durante unos minutos para ver el desfile incesante, a veces familias completas, que van buscando los restos, ya no los deshechos domiciliarios, sino los restos que dejaron los que pasaron antes que ellos.

Y los que buscan reciclables es porque los encuentran. Es común hoy ver a trabajadores cartoneros, cooperativizados o no, munidos de largos ganchos para “pescar” reciclables donde no debería haberlos, ya que deberían estar en los tachos verdes. Para aquella parte de nuestras vecinas y vecinos que se miran en el espejo de la sociedad estadounidense, parece oportuno recordar que las sanciones para quienes mezclen reciclables o reciclables con basura, oscilan entre los 320 y los 9.000 dólares.

La reacción

La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (FACCYR) dio a conocer un comunicado esta semana en el que manifiesta haberse enterado el jueves pasado, 26 de octubre, de este proyecto de ley.

Señalan en el comunicado:
“Al día siguiente, las cooperativas de cartoneros y cartoneras que brindamos el servicio de higiene urbana nos presentamos al debate en comisión del proyecto de ley, en donde nos quedamos perplejos escuchando los argumentos de algunos legisladores y legisladoras defensoras de este proyecto *¿En qué cabeza cabe que las autoridades de cualquier lugar puedan multar a una persona que está revisando un contenedor, ya sea en búsqueda de material reciclable, comida o ropa?* Los pobres, los desamparados, no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir, y una multa no va a cambiar esa realidad. El abordaje a esta problemática bajo ningún punto de vista puede ser punitivista, hay que abogar por políticas que generen la inclusión social de las personas”.

Finalmente piden que se retire el proyecto y “que se discuta de cara a la sociedad, con audiencias publicas, reuniones de asesores y convocatorias al poder ejecutivo”.

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