El pueblo ecuatoriano particularmente el movimiento indígena y campesino se ha volcado a la calle en una jornada de paro nacional indefinido convocada por la CONAIE, en rechazo al paquete de medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa. Se han ido plegando estudiantes y trabajadores que también rechazan el alza del diésel que encarece la vida y se ha convertido en un estallido generalizado de demandas sociales, educativas y territoriales contra el extractivismo. Aun que no hay un numero exacto, hasta el momento se calculan unos 40 detenidos y decenas de heridos. Por ANRed

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En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Riobamba el 18 de septiembre, la CONAIE definió un pliego de diez resoluciones que constituyen la columna vertebral de las movilizaciones. Entre ellas, se encuentra la exigencia de derogar el Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, una medida que golpea directamente el costo del transporte, los alimentos y la vida de los sectores populares. La organización también rechaza las políticas de expansión minera y petrolera, cuestiona el proceso de consulta popular y la iniciativa de una nueva constituyente impulsada por Noboa, al tiempo que reclama presupuesto real para salud, educación y seguridad. A ello se suma la denuncia de criminalización de líderes sociales y la solicitud de que organismos internacionales de derechos humanos pongan atención a la represión que en estos momentos se está padeciendo.

Las acciones de protesta se desplegaron en distintos puntos del país. Vías interprovinciales bloqueadas, cortes de rutas en Imbabura y en varias provincias amazónicas, suspensión parcial de clases y asambleas comunitarias marcan el pulso de un paro que gana adhesión de sectores trabajadores, estudiantiles, de mujeres y colectivos ambientalistas. En Orellana, comunidades Huaorani denunciaron incursiones violentas de la fuerza pública, con disparos y detenciones, mientras en Cotopaxi y Latacunga se reforzó la militarización, convirtiendo esa ciudad en sede provisional del gobierno.

El movimiento indígena denuncia un escenario de represión creciente: gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego, allanamientos a viviendas y hostigamiento a comunidades enteras. Para la CONAIE, el gobierno ha transformado el derecho a la protesta en un terreno de hostilidad, criminalizando al movimiento social y cerrando espacios de diálogo. La violencia estatal, afirman, lejos de desmovilizar, refuerza la convicción de sostener el paro hasta que sus demandas sean escuchadas.

Desde ANRed hablamos con Andrés Tapia, comunicador comunitario de la nacionalidad Kichua de Pastaza, «en el Ecuador se desarrollan jornadas de protesta convocadas desde los distintos sectores sociales en un paro nacional indefinido que inició hace aproximadamente una semana con protestas desde el sector de los transportistas y otros gremios, y al cual se ha adherido el movimiento indígena del Ecuador en distintos territorios.

En estos momentos se han reportado medidas, de hecho, como bloqueos de vía en gran parte de la sierra norte, principalmente en provincias como Pichincha, en el cantón Cayambe, y en la provincia de Imbabura, principalmente en el cantón Otavalo, así como en otras provincias como Cotopaxi, Bolívar, entre otras. Las acciones han ido cobrando fuerza y han sido visiblemente reprimidas por parte de la fuerza pública. El gobierno ecuatoriano ha destinado ingentes cantidades de efectivos policiales y militares para decidir las protestas, pero no lo ha conseguido y, más bien, ha generado más reacción y rechazo por parte de los manifestantes. La respuesta, por tanto, del gobierno ha sido violencia, una brutal represión principalmente en las comunidades indígenas de la Sierra Norte, donde los comuneros han denunciado ingreso a sus viviendas, disparo con balas, también bombas lacrimógenas y, por supuesto, muchos heridos que han sido atendidos, así como varias detenciones.

Por otro lado, también se evidenciaron una política de amedrentamiento e intimidación con la intervención o congelamiento de las cuentas bancarias de líderes sociales sin notificación previa ante una presunta orden judicial para estancar los movimientos bancarios de organizaciones sociales».

Por su parte, el Ejecutivo defiende las medidas como necesarias para equilibrar las finanzas del Estado. Noboa argumenta que la eliminación del subsidio al diésel es inevitable y acusa a ciertos sectores de querer desestabilizar al país. El gobierno decretó estado de excepción y toque de queda en algunas provincias, endureciendo la confrontación con los pueblos movilizados.

Es el primer día del paro nacional que no se limita a una consigna contra el precio del diésel, sino que expresa un hartazgo profundo frente a un modelo de ajuste que agrava las condiciones de vida, mientras avanza sobre los territorios indígenas con proyectos extractivos. En este septiembre de 2025, las comunidades organizadas interpelan al poder con la fuerza de su historia de resistencia y ponen sobre la mesa una disputa de fondo contra los intereses de una élite económica y política.