La pandemia exhibió desigualdades estructurales de la ciudad. En el distrito más rico del país el 15% de la población habita en villas donde la prestación de servicios públicos no responde a planes integrales de urbanización ni respeta las normativas vigentes. El agua y el sistema cloacal llega hasta la periferia de los barrios. La distribución de agua dudosamente potable se realiza en camiones cisterna que muchas veces no pueden ingresar a los barrios por su tamaño inadecuado. AySA conserva el marco regulatorio de los ‘90 y el Gobierno porteño disputa en la justicia su responsabilidad en brindar este derecho. Entrevista a la ingeniera hidráulica María Eva Koutsovitis

María Eva Koutsovitis es titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería (FIUBA). Es una profesional comprometida con los barrios populares, no sólo de la Ciudad. Ha realizado un relevamiento de la situación que genera la escasez de agua en momentos de pandemia y del rol de las mujeres en los barrios, que son quienes mayoritariamente asumen la búsqueda de paliativos.
Hormigas y Cigarras conversó con la ingeniera quien explicó que “La Ciudad de Buenos Aires es un caso paradigmático, porque además de ser el distrito más rico de nuestro país, es una ciudad que tiene un presupuesto per cápita equivalente a la ciudad de Madrid o Roma. Sin embargo es la síntesis de la desigualdad de nuestra región. Previo a la pandemia, esta ciudad con presupuesto europeo no garantizaba el agua potable a uno de cada siete porteñas y porteños. Aquí, el 15% de nuestra ciudadanía no accede formalmente a servicios básicos esenciales, como son el agua potable, el saneamiento cloacal, los tendidos eléctricos, el gas en red, la conectividad. En relación al agua potable y ya en contexto de pandemia y de epidemia de dengue, fue que el 7 de abril, junto a un grupo de mujeres referentas de distintos barrios populares, presentamos una acción de amparo con cautelar. Le exigimos al gobierno porteño que garantice el acceso al agua en la totalidad de los barrios populares porteños. El 5 de mayo, en una sentencia histórica, la justicia le ordena al gobierno de la ciudad que garantice 150 litros por habitante, por día en la totalidad de los barrios populares. También le ordena que elabore un plan de contingencia y que elabore un protocolo en relación al agua potable, el covid y los barrios populares”.

Un largo y sinuoso camino

Hasta aquí el origen de la iniciativa, la presentación y la respuesta de la justicia porteña.
Ahora bien ¿Qué hizo el Gobierno de la Ciudad con esa resolución judicial? Desde hace casi cuatro meses la sentencia se encuentra incumplida, señaló la ingeniera y explicó el mecanismo del incumplimiento: “En primer lugar el Gobierno se declaró incompetente, por lo tanto tuvimos que presentar un conjunto de escritos en la justicia para aclarar que la competencia para garantizar el acceso al agua potable tal como lo establece la constitución de la Ciudad, es de quienes gestionan los gobiernos locales. Esto que aparece como evidente tuvimos que aclararlo en la justicia y por supuesto, en esas idas y vueltas, sólo fue dilatando la intervención del gobierno porteño en los barrios populares, porque la justicia le dijo que la competencia es de la Ciudad. Luego lo que hicieron fue apelar y cuestionaron el fuero en el que estábamos litigando. Las mujeres, nosotras, litigábamos en la justicia de la ciudad. El Gobierno dijo, “no, nosotros vamos a litigar a fueros federales”. Eso desde el punto de vista de la estrategia judicial, para quienes somos amparistas resulta mucho más complicado en cuestión de costas, etc. Pero; la justicia Federal en una primera instancia dispuso que no es su competencia y que es fuero de la Ciudad. La competencia y la responsabilidad son del gobierno porteño, así que una vez más vuelve a ordenar que se cumpla la sentencia. El Gobierno de la Ciudad vuelve a apelar y estamos en este momento en la Cámara Federal”
Luego señaló que es importante aclarar que más allá de estas dilaciones jurídicas la sentencia cautelar está vigente desde el 5 de mayo.

AySA

En los comienzos del año 2002, el conjunto de asambleas que se autoconvocaron en el AMBA tomo en sus manos la denuncia del accionar confiscatorio de Aguas Argentinas S.A. En particular en la ciudad de Buenos Aires se multiplicaron los reclamos. En 2002 los vecinos que se habían constituido en asambleas en Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Pueyrredón montaban guardias semanales en la sucursal de Aguas Argentinas de Devoto a fin de evitar los cortes programados a quienes ya les habían instalado medidores. Se realizaron numerosos abrazos al edificio central de
Aguas, en la Avda. Córdoba y con el correr de los meses armaron carpetas con denuncias por la falta de inversión comprometida en la concesión. Recordemos que durante la presidencia de Carlos Menem se había concesionado el servicio de aguas y cloacas en el AMBA, quedando la mayor parte en manos del grupo francés Suez y de la empresa española Aguas de Barcelona.
No fue hasta el 21 de marzo de 2006 que Néstor Kirchner rescindió el contrato y el Estado Argentino volvió a tener el control de la empresa en un 90%. El 10% restante quedó en manos de los trabajadores.
“Los marcos regulatorios son los que heredamos de la década privatista de los ‘90. Cuando privatizamos esos servicios y profundizamos los procesos de mercantilización del agua, esos contratos con esas empresas privadas que perseguían como fin último el lucro establecían que los usuarios, los que serían considerados usuarios, serían los que vivían lindando con vías públicas formales. Así fue como, en su momento Aguas Argentinas, solamente garantizaba el servicio en la periferia de los barrios populares como si los barrios populares fueran un edificio en propiedad horizontal. Hablamos de barrios donde viven 40.000 habitantes, 30.000 habitantes. En la periferia era donde garantizaban puntos de conexión a la red de agua o a la red cloacal. Cuando se crea AySA estos marcos regulatorios no se actualizan en este sentido, por lo tanto hoy, AySA tiene la responsabilidad de la prestación sólo hasta la periferia. Ahora bien, la pandemia nos interpela inexorablemente. En primer lugar a revisar la totalidad de los marcos regulatorios porque no es posible que sigamos todavía con marcos regulatorios de la década del ‘90 que solamente han generado una brecha brutal de desigualdad en el acceso al agua potable”, explicó la ingeniera.
Luego describió la forma en la que el agua es llevada a cada vivienda: mangueras interconectadas, mangueras que atraviesan precarias cámaras cloacales. Un sistema en el que en la medida que las viviendas se alejan de la vía pública, en la medida que se adentran en la villa llega menos agua y más degradada.
A la hora de dejar la etapa de los ‘90 atrás, a Suez le fue mejor que a los habitantes de los barrios. Por lo menos es lo que informó a sus accionistas en abril de 2019, cuando afirmó que arregló el diferendo ante el CIADI con el Estado Argentino por haber rescindido unilateralmente el contrato, por una suma cercana a los 245 millones de dólares.

Consecuencias de la acción conjunta

“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos concesionado un servicio de camiones aguateros – explicó Koutsovitis – que están en manos de empresas privadas que a lo largo de estas últimas décadas han hecho enormes negocios y han precarizado profundamente el servicio. Si nosotros acumulamos todo el dinero que hemos destinado al pago de estos camiones cisterna hubiéramos podido resolver el problema de la infraestructura definitivamente en muchísimos barrios populares de la ciudad. Camiones que no tienen trazabilidad, camiones que nadie controla, contratos de concesión que se amplían sin que la ciudadanía pueda discutir”.
Junto a la demanda judicial, las mujeres que la presentaron asesoradas por Koutsovitis presentaron una propuesta en este sentido y era la instalación de tanques de agua en las viviendas para poder aprovechar el viaje del camión. La ingeniera señaló que la respuesta del Gobierno porteño fue que no tenía dinero para garantizar tanques de agua en las viviendas. Por otra parte, el tamaño de los camiones les impide circular dentro de las villas.
Esto nos lleva a pensar en quienes sobrellevan el trabajo de garantizar el agua dentro de las viviendas y llegamos una vez más a las mujeres. Son ellas, mayoritariamente, las que tienen que estar alerta para cuando llega un camión del que no tienen un aviso previo, son ellas las que corren con recipientes para llevar el agua.
Estas mujeres, por el momento, en contexto de pandemia en el que el agua es un elemento básico para la prevención, esperan que el Gobierno de la Ciudad agote los caminos judiciales y mientras tanto cumpla con una resolución de la justicia que tiene casi cuatro meses. Esperan también que AySA asuma su rol social, un rol que proponían, imaginaban vecinas y vecinas cuando se movilizaron para su recuperación.
HyC –