Asociaciones de abogados, partidos políticos, gremios, organizaciones no gubernamentales suman críticas a la decisión del legislativo porteño del jueves pasado de habilitar el recurso al Tribunal Superior de Justicia porteño de procesos que se desarrollan en tribunales federales. Los argumentos son tan variados como las organizaciones. Agrupaciones de abogados enrolados en la CTA convocaron a una marcha de protesta mañana a las 11 horas frente a la sede del Tribunal

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el jueves pasado, 30 de setiembre, una ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a entender en sentencias dictadas por la Justicia Nacional de la Capital Federal. La postura a favor de habilitar la modificación fue votada con 38 votos afirmativos y 20 negativos. La modificación fue introducida sin discusión previa, mientras el pleno buscaba reformar algunos artículos para incorporar las audiencias virtuales y mixtas a los procesos judiciales y los procedimientos administrativos en la Ciudad. Mientras se desarrollaba la sesión, el bloque de gobierno incorporó dos artículos que básicamente le conceden competencia para intervenir al TSJ en las decisiones emitidas por la Justicia Nacional, Civil, Comercial, Laboral, Correccional y Criminal de la Capital Federal.

La opinión de los abogados apunta a lo formal. Tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no cuestionan la necesidad de una reforma que permita al máximo tribunal porteño intervenir en los procesos de la Justicia Nacional que interviene en el distrito, sin embargo, rechazan la forma en la que se resolvió, dado que, aseguran junto a la opinión de abogados constitucionalistas, que la Legislatura de la CABA no tiene competencia para hacerlo y que el marco legal lo debe dar una ley sancionada en el Congreso de la Nación.

El Colegio Público de Abogados venía alertando sobre la posibilidad de tratamiento de esta norma desde hacía varios días y poco después de su sanción emitió un comunicado en el que historiza sobre la autonomía de la Ciudad desde el año 1994 cuando se modificó la Constitución Nacional.
“Vale recordar – señalan en el comunicado – que desde la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994 y con el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad han ido celebrando convenios de transferencias de competencias y funciones para la creación de juzgados en el Poder Judicial de la Ciudad. Dichos convenios, han sido aprobados en el Congreso de la Nación, en base a lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional y en el artículo 8º de la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero”
El Colegio Público de Abogados resaltó que “la atribución judicial al tribunal superior local de la facultad de revisión de las sentencias de las cámaras nacionales de apelación representa una transferencia de competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en principio, sólo podría ser efectuada por el Congreso de la Nación”.

La oposición política a la norma es bien amplia. Desde el Frente de Todos destacan que es una maniobra para impedir que las causas que acumula Mauricio Macri, con la del Correo Argentino a la cabeza, tengan más posibilidades de dilación. Un paso más, con los posibles recursos de inconstitucionalidad previsibles si el TSJ admitiera su competencia.
Coincide con esta lectura la izquierda y agrega que esta reforma le daría injerencia al TSJ en las causas laborales que tramitan ante la justicia del trabajo y habilitaría un nuevo recurso para las patronales que sostengan disputas en esos tribunales. O sea, una nueva posibilidad de dilación que sería de mayor peso si el TSJ llegara a fallar en contra de lo que hubieran decidido los tribunales de trabajo.

Bajo la consigna “Marcha de Repudio a la Ley CABA de Copamiento de la Justicia Nacional”, la “Corriente de Abogadxs Laboralistas 7 de Julio” convoca a todas las organizaciones de la abogacía, de la magistratura, de los/as trabajadores/as judiciales, y especialmente a todas las organizaciones sindicales, a sumarse mañana, miércoles 6 de octubre, a la concentración frente a la sede del TSJ, Cerrito 760.
HyC