Fernando Andrés Sabag Montiel intentó matar a Cristina Fernández el jueves por la noche. Detenido por la militancia que acompaña a la vicepresidenta, el agresor fue aprendido y se supo rápidamente que uno de los domicilios que tenía era el de la calle Terrada al 2300. Hasta allí llegó la policía en un allanamiento que realizó esa misma noche. La jueza a cargo de la causa es María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo

El jueves por la noche, Fernando Andrés Sabag Montiel intentó matar a Cristina Fernández, mientras la Vicepresidenta saludaba a un grupo de militantes en la puerta de su casa en Uruguay y Juncal. Pocas horas después, en la madrugada del viernes, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la casa de la esquina de Terrada y Biarritz, habían detectado ese lugar como el domicilio legal del agresor. Carros de asalto, numerosos efectivos, potentes focos, agitaron la tranquilidad de ese rincón de Villa del Parque. Al operativo se le dio luz verde aunque las autoridades policiales y judiciales ya sabían que el detenido no vivía en ese domicilio que fuera de su madre, fallecida en 2017.

Este sábado por la mañana, la cuadra soleada presentaba la calma habitual. Sólo un detalle la hacía diferente: un patrullero con dos efectivos de la Policía de la Ciudad estaba estacionado en la ochava, en la vereda de enfrente a la casa que fue morada de Sabag Montiel. El motivo de la presencia del patrullero no fue revelado. En el lugar funciona en la planta baja una peluquería y en el primer piso vive una familia a la que le costó reponerse del susto. Los inquilinos manifestaron que su único trato con Sabag Montiel era una vez al mes cuando éste pasaba a buscar el importe de los alquileres y que desconocían su pensamiento político o cualquier otra característica del individuo. En los allanamientos no se encontró nada de interés, no obstante, a los actuales habitantes les quedan los timbrazos de estudios de abogados que se acercan a ofrecer sus servicios al magnicida.

El único antecedente que registra Sabag Montiel se produjo el 17 de marzo de 2021, cuando un policía porteño de la Comisaría 15A interceptó un Chevrolet Prisma negro en su recorrido, sin patente trasera y con los vidrios delanteros bajos. Allí se presentó Sabag Montiel, que dijo ser empleado de una empresa telefónica. Explicó que la patente le faltaba debido a un choque ocurrido días antes. Cuando Sabag abrió el auto se cayó un cuchillo de 35 cm. de hoja por lo que se le labró un acta contravencional y se le secuestró el cuchillo. La causa no prosperó.

La PFA también allanó el monoambiente de San Martín donde Sabag Montiel vivía desde hacía seis meses. El propietario del inmueble lo reconoció cuando su imagen se difundió tras el atentado y lo denunció en la comisaría del barrio. Los efectivos de la Federal encontraron 100 balas repartidas en dos cajas. Recordemos que la pistola Bersa .380 tenía el número parcialmente limado y se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, fue secuestrada en medio de la confusa detención. La explicación que rápidamente dieron los peritos es que no disparó porque, si bien estaba martillada, no tenía una bala en la recámara.

La causa abierta
La investigación judicial por el atentado quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo en un expediente que está caratulado como “tentativa de homicidio agravado”. La magistrada se trasladó al domicilio de la Vicepresidenta ayer a la mañana para tomarle declaración testimonial, declaración que se prolongó por alrededor de 40 minutos.

La jueza asumió en mayo de 2019, al frente del juzgado N°5 que dejó vacante Norberto Oyarbide.
Tuvo en sus manos la causa por espionaje a Mauricio Macri, pero se excusó por haber sido ella misma espiada. Entre otras causas tiene a su cargo la investigación contra la administración de Macri por el préstamo del FMI. En la causa del llamado “Vacunatorio vip” sobreseyó a 65 de los 70 involucrados en ese beneficio por considerarlos personal estratégico o ser mayores de 60 años.
Uno de los fallos en una causa sensible que firmó Capuchetti fue el sobreseimiento de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la supuesta venta ilegal del Grupo Indalo.

En estos días hay una declaración común a la mayoría de los sectores políticos, sindicales y de todo tipo de organizaciones: el repudio absoluto por el atentado y la exigencia de un rápido esclarecimiento.