El 13 de diciembre de este año, a poco de cumplirse 20 años de los asesinatos de cinco personas durante la represión de 2001, la Cámara de Casación ratificó la condena de 2016 para Enrique Mathov, secretario de Seguridad Interior y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal. Las defensas de los condenados apelarán ante la Corte Suprema. Las familias de las víctimas recorrieron el lunes los lugares donde fueron asesinados sus familiares exigiendo justicia

El lunes 13 de diciembre, la Cámara de Casación resolvió ratificar la sentencia por la represión policial del 21 de diciembre de 2001 del Tribunal Oral en lo Criminal N°6. Faltaba sólo una semana para que se cumplieran 20 años de los asesinatos y habían transcurrido más de cinco años del fallo, dado a conocer el 23 de mayo de 2016.

El 20 de diciembre de 2001, luego de que De la Rúa firmara el decreto que declaró el Estado de Sitio, la Policía Federal, uniformada y de civil, desató una casería humana sobre los manifestantes en el centro porteño. Sólo en ese espacio comprimido, escenario de la represión, fueron asesinados con bala de plomo Diego Lamagna, Alberto Márquez, Marcelo Gastón Riva, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto. Las pericias efectuadas en la investigación judicial indican que los proyectiles hallados en los cuerpos de los cuatro primeros guardan similitud con los perdigones que conforman los cartuchos de propósito general (de plomo) para escopetas calibre 12/70. Las escopetas calibre 12/70 son las que la policía utilizó ese día, entre otras armas, para disparar munición antitumulto contra los manifestantes. En tanto Gustavo Benedetto recibió el impacto de una bala de plomo en la cabeza.

La investigación
Los hechos fueron investigados inmediatamente y antes que terminara 2002 el juzgado de María Servini de Cubría tenía una idea acabada de lo que había sucedido, de como habían sido asesinadas esas cinco personas, de cómo se intentó asesinar a otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio Rubén Sanchéz y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones otras 227. La jueza fue testigo de la violencia institucional desatada, dado que estuvo durante las primeras horas de esa tarde en Plaza de Mayo intentando parar la represión. No sólo no tuvo éxito sino que fue retirada de la plaza por su seguridad.
Los crímenes se investigaron de manera unificada, presentándose como querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La investigación dio origen a dos juicios, el primero fue por el asesinato de Gustavo Benedetto. Se determinó que Benedetto había llegado solo, para sumarse a las manifestaciones. Cuando llegó a la altura del Banco HSBC, sucursal ubicada sobre la Avda. de Mayo y la calle Chacabuco, el jefe de seguridad del banco, Jorge Varando le disparó en la cabeza. Varando era un militar retirado formado en la Escuela de las Américas. Se lo enjuició por abuso de arma de fuego, siendo absuelto por prescripción de la pena.

Segundo juicio
Para el comienzo del segundo juicio ya habían pasado casi 13 años, comenzó en 2014 y fueron acusadas 17 personas por homicidio, intento de homicidio y lesiones, entre ellas el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y el entonces jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos.
El 23 de mayo de 2016, el TOC N° 6 dio a conocer el fallo en el que condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, y a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), por ordenar y dirigir la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 ocasionó cinco muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires. El Tribunal también condenó a Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por sus responsabilidades en el operativo y a otros cinco funcionarios policiales. También absolvió a otros seis policías y sobreseyó a otros dos.
En ese momento el CELS destacó que “por primera vez, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social. La condena a uno de los responsables políticos y a tres encargados de la conducción de la PFA expresa que el tribunal consideró que las fuerzas de seguridad no son autónomas: tienen una conducción política que debe responder por los efectos de su accionar y por el uso de la fuerza que se realiza en los operativos. Al mismo tiempo, el veredicto ratifica que la declaración del Estado de sitio no puede ser considerada un cheque en blanco para la represión”.

Por su parte, el expresidente Fernando de la Rúa había sido procesado en primera instancia, pero fue desprocesado con decisión final de la Corte Suprema, lo que llevó al CELS a denunciar por impunidad al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, en su momento, solicitó el juzgamiento de De la Rúa.

Recorrido a 20 años
Como inicio de este recorrido recordatorio de los asesinatos de diciembre de 2001, representantes de la Comisión de Familiares y Víctimas del 19/20 se reunieron el 1° de este mes con Alberto Fernández, quien se comprometió a enviar al congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares.
Luego, el lunes, integrantes de dicha comisión realizaron un recorrido por los lugares donde fueron asesinadas en CABA estas cinco personas, comenzando en Sarmiento y Carlos Pellegrini y culminando en Plaza de Mayo. Los acompañaron funcionarios del gobierno Nacional, Wado de Pedro y Horacio Pietragalla y el diputado Leonardo Grosso. Familiares declararon a Telam “Los muertos siguen en nuestras luchas. Seguimos reclamando justicia”. Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna, declaró que “Mi sentimiento sigue siendo de gran injusticia. Hasta el día que no cumplan condena efectiva mi sentimiento no va a cambiar”. Por su parte, María Arena declaró a Telam: “Desde hace 20 años venimos buscando justicia y todavía no la alcanzamos. Es importante mantener la memoria, porque sin memoria y sin justicia esto va a seguir ocurriendo”. Recordemos que en todo el país fueron asesinadas 39 personas.
HyC