El 7 de setiembre del año pasado, el Congreso de la Nación, transfirió una serie de delitos penales a la órbita de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 7 diciembre, la legislatura aprobó la ley 5935 que habilita el tratamiento de esos delitos por parte de la justicia porteña y a comienzos del mes de febrero, en una resolución conjunta (DG Nº 26/18, AGT Nº 17/18 y FG Nº 32/18) de la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría Tutelar, corrigieron una resolución anterior y dispusieron que a partir del 1° de marzo de 2018, comience la competencia judicial de la CABA.

El 7 de diciembre de 2017, la Legislatura de la ciudad aceptó por unanimidad la transferencia de 27 delitos penales realizada en setiembre, también por unanimidad, por senadores y diputados nacionales. Entre ellos figuran: Lesiones, duelo, y abuso de armas; Violación de domicilio; Tenencia y portación de armas de guerra; Penalización de actos discriminatorios; Delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; Atentado y resistencia contra la autoridad; Usurpación de autoridad, títulos u honores; Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; Violación de sellos y documentos; Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; Falso testimonio; Falsificación de documentos y Tenencia de estupefacientes. Esto quiere decir que estas situaciones no serán tratadas por jueces federales, sino por los jueces de la ciudad.

La ley 5935, establece a su vez la creación de una Comisión de Seguimiento con el objeto de realizar un control y requerir informes sobre el avance de la transferencia de competencias penales. La comisión podrá también elevar propuestas a los legisladores con el propósito de mejorar la aplicación de esta norma.

No obstante la resolución de Fiscalía y Defensorías, desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad han señalado que hasta setiembre u octubre no estarían en condiciones de comenzar con el tratamiento de estos delitos en la ciudad, dado que se necesitan que sean designados nuevos jueces. Los juzgados que se harán cargo partirán de cero, es decir que no se les serán sumadas estas nuevas causas a los ya existentes. Estas nuevas estructuras incluyen a alrededor de 500 nuevos empleados en total. El proceso comenzó hace 18 años y aún quedan delitos para traspasar.

HyC