En la movilización universitaria en el Congreso, convocada el jueves pasado, las fuerzas federales que reprimieron la protesta volvieron a mostrar una saña particular contra quienes estaban realizando sus tareas periodísticas. El sindicato de periodistas de Buenos Aires y la asociación que agrupa a reporteros gráficos realizaron un balance de la represión

El pasado jueves 15 de octubre se realizó la 5° Marcha Universitaria a nivel nacional, convocada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que reúne a los rectores de las universidades públicas, la FUA (Federación Universitaria Argentina) y federaciones estudiantiles, entre otras organizaciones.

En particular en la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a la convocatoria gremios docentes y no docentes de las universidades, la UBA (Universidad de Buenos Aires), la CTA, sectores de la CGT, la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Foro Permanente de Discapacidad, movimientos sociales, partidos políticos opositores (incluyendo bloques legislativos y diputados del Frente de Izquierda y de la oposición), agrupaciones de jubilados, inquilinos y ambientalistas. La convocatoria tenía dos ejes, el primero era exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el segundo apoyar la iniciativa en Cámara de Diputados del rechazo del DNU 70/2023.

Decenas de miles de personas se concentraron frente a un escenario levantado de espaldas al Congreso y lejos de las vallas de las fuerzas federales. Poco antes de comenzar la lectura del documento conjunto en el escenario, alrededor de las 16 horas, un grupo pequeño de personas encapuchadas comenzó una provocación violenta sobre los vallados y algunos de estos mismos individuos mostraron especial violencia contra movileros, incluso atacando durante una transmisión en vivo a reportero y camarógrafo de C5N.

Mientras se forzaba la lectura en el escenario y la desconcentración entre los manifestantes, el operativo policial en marcha continuó por las siguientes dos horas. Las fuerzas de seguridad avanzaron a pie y en moto lanzando gases, agua, balas de goma, bastonazos, persiguiendo aleatoriamente y deteniendo a 30 personas. En este contexto, nuevamente los trabajadores de prensa fueron el blanco de la represión y así lo define el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.

El día 16 de octubre, ambas agrupaciones emitieron un comunicado conjunto en el que describen que el operativo de las fuerzas federales descargó la violencia sobre los manifestantes, fotógrafos/a y otros trabajadores/as de prensa que cubrían esta marcha.

“La represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables como pasó cuando le dispararon a Pablo Grillo. Ya lo denunciamos en el poder judicial local y en el sistema de derechos humanos internacional: desde diciembre de 2023 sufrimos un plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina. La represión de las fuerzas de seguridad es solo una de las aristas de este engranaje”, afirman.

Un oficial de la PFA disparó contra el fotoperiodista Guido Piotrkowski. Foto de Guido Piotrkowsk

Y continúan detallando: “Desde SiPreBA y ARGRA contabilizamos al menos siete trabajadoras y trabajadores de prensa baleados y decenas de heridos. Desde que asumió Milei al gobierno, más de 300 cronistas, fotorreporteros, camarógrafos fueron heridos en manifestaciones, un 10 por ciento del total de las personas heridas, según contabilizan organismos de derechos humanos.

Durante la tarde de ayer, miembros de la Policía Federal y Gendarmería apuntaron directamente al cuerpo de los trabajadores de prensa, en muchos casos al torso y a corta distancia, a pesar de estar claramente identificados como prensa”.

Imagen de C5N en el momento de la agresión

En el caso de los y las trabajadoras afiliadas a Sipreba, cuentan con chalecos que aporta el sindicato, además de las identificaciones propias de los medios a los que pertenecen. Además, Sipreba presta otros elementos de protección, como cascos y máscaras de gas, “un equipamiento que usan los corresponsales de guerra y que no vamos a naturalizar”, agregan en el comunicado.

También detallan algunas de las agresiones que dejaron heridos de consideración, como la de Laura Quispe, periodista del medio TeleSISA, que recibió nueve balazos de goma en su espalda y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía donde luego de hacerle varios estudios determinaron que dos de los perdigones quedaron dentro de su cuerpo.

Otro caso es el de Guido Piotrkowski, reportero gráfico de Página/12, que recibió dos impactos directo al pecho desde una distancia muy corta, hecho que el propio reportero documentó en sus fotos.

Federico Imas, fotógrafo freelance, recibió una bala de goma en la espalda y demás, requirió atención médica en los ojos por efecto del gas; Nicolás Hernández, fotógrafo del Grito del Sur, fue herido con dos balazos de goma en el antebrazo mientras se cubría la cara; Gabriela Manzo, quien registraba para Radio Gráfica, recibió tres balas de goma en las piernas; dos fotorreporteros de Indymedia Argentina también fueron baleados en el torso, uno de ellos de muy cerca a quemarropa.

Revista Mu tuvo tres trabajadores heridos, uno de ellos, el fotorreportero Tadeo Bourbon, de dos balas de goma en las pierna; Nicolás Suárez, que estaba registrando para La Nación, recibió un bastonazo por la espalda de parte de un policía; y otra decena de trabajadores de prensa fueron gaseados y golpeados.

“Aportaremos toda esta información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas como ya lo hicimos en los últimos dos años. La CIDH señaló en su informe 2025 los retrocesos a la libertad de expresión en Argentina, las agresiones para silenciar voces críticas y la violencia física contra la prensa en manifestaciones”, cierra el comunicado.

Imágenes: SIPREBA