Finalmente, Rodríguez Larreta no accedió a la presión de vetar la ley 6312, y la promulgó el 4 de agosto, pero impuso en la implementación resoluciones relacionadas con el momento de la toma de decisión, la objeción de conciencia institucional y los plazos.

El 4 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6312 que adhiere al protocolo ILE, aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de julio por 50 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, en una sesión que tuvo asistencia completa. Rodríguez Larreta resistió así las presiones de la iglesia católica encabezadas por el Cardenal de Buenos Aires, Poli y de los grupos llamados “Provida”. Poli dijo respecto de la ley “No estamos en contra de los derechos de la mujer, si a favor de la vida como viene”. Resistió también la voluntad de su esposa, Bárbara Diez, quien el 21 de julio y en relación a la norma votada en la Legislatura publicó en su cuenta de Instagram @barbara.diez una foto de la escultura de Martín Hudacek llamada “El memorial para los niños no nacidos” y escribió: “La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuánto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”.El posteo fue ampliamente difundido por los grupos identificados con el color celeste.
Vía resoluciones ministeriales el Ejecutivo incorporó al protocolo, en primera instancia, una consejería previa a la interrupción del embarazo. Se especificó que “cualquier persona gestante que se acerque a algún efector sanitario, ya sea de la Red de Salud Pública o de los Subsectores de la Seguridad Social o Privados, deberá tener una consejería previa donde se le darán las diferentes alternativas que tiene a través de un comité interdisciplinario”.

Por otra parte anunció el lanzamiento del Plan A La Par, un proyecto de acompañamiento para los primeros meses de embarazo, nacimiento y vida del niño/niña, para quienes continúen la gestación.
Está aún en estado de proyecto y según ha trascendido comenzaría por los barrios populares, donde se les aseguraría a los chicos y chicas acceso a Centros de Primera Infancia y ayuda económica a las familias. Ambas cosas ya están garantizadas en la constitución de la ciudad, acceso a la educación y a un normal desarrollo.

Otra de las medidas tomadas por el Ejecutivo porteño es sobre los plazos. Si la persona gestante llegase al sistema de salud en una etapa anterior a las 14 semanas, la disposición señala que la mejor opción será realizar un aborto medicamentoso -siempre y cuando no se trate de un embarazo riesgoso- en el primer nivel de salud de manera ambulatoria. En caso de que exceda ese plazo, deberá efectuarse en el segundo nivel de atención u hospitalario. Desde la semana 24, el único causal que se contemplaría en CABA sería el riesgo grave e inminente para la vida de la madre.

Una de las medidas más controversiales tomadas en estas resoluciones es la de crear un registro para que las instituciones de salud se inscriban como objetoras de conciencia. Organizaciones feministas, principalmente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, denuncian que las reglamentaciones restringen los derechos de las personas gestantes y no respetan el protocolo nacional. “Las personas pueden ser objetoras de conciencia, no las instituciones”, señalan.
La Resolución es la N° 1723 crea “el Programa de Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético que deriva en la mayoría de profesionales objetores de conciencia”.
Por su parte, desde las instituciones que se oponen a cualquier forma de acceso a la interrupción del embarazo, no quedaron satisfecha porque señalaron al respecto “Que la obligación de derivar se configura como una cooperación con el aborto. El objetor no desea participar de ninguna manera en lo que considera una conducta injusta, ya sea en forma directa, como indirecta”, señalan en “Centrobioetica.org”, una de las páginas desde donde se agita el ideario de los llamados Provida. En pocas palabras, estas instituciones y estos profesionales de la salud que se resisten a la práctica de la ILE, tampoco desean informar adecuadamente sobre los derechos a las mujeres que se acerquen a sus centros asistenciales.
HyC – Imagen: Amnistía Internacional