El pedido viene desde 2018, fue presentado por uno de los abogados de Vacantes para todos, el Dr. Eduardo Barreyro y la justicia a fallado a favor del colectivo en todas las instancias. El monto original es de $45.000, pero actualizado podría llegar a los 456.000. Ya anunciaron que la suma será donada a por lo menos dos colegios de la Ciudad

El colectivo Vacantes para todos dio a conocer que la justicia resolvió el embargo de las cuentas del Banco Ciudad de la actual ministra de Educación Soledad Acuña, por negarse a dar información requerida sobre la asignación de vacantes.

El pedido de información fue realizado en noviembre 2018 y fueron tres preguntas: el detalle de secciones y turnos para la franja etaria comprendida entre los 45 días y los 3 años, existentes en la Escuela Infantil N° 6 Naranjo en Flor, ubicada en Galván 3710, la capacidad de cada sección desglosada por turnos y por cantidad de vacantes disponibles para los aspirantes, correspondientes al ciclo lectivo 2019; y por último, las vacantes asignadas como prioridad de ingreso de segundo orden, indicando específicamente la distancia entre el establecimiento hasta el domicilio del último aspirante para cada sección y turno.

Han pasado más de cuatro años de este pedido y Soledad Acuña, no ha brindado dicha información, lo que le valió varias intimaciones y llamados de atención judiciales. Ante esta morosidad, Barreyro presentó un recurso de amparo que culminó su recorrido en todos los niveles de la justicia en diciembre de 2021, cuando la jueza María Soledad Larrea, titular del juzgado N°21 le impuso una multa de $3.000 por cada día que evite responder. Esa suma actualizada al presente rondaría los $456.000

El destino de los fondos

Según un comunicado que dio a conocer el miércoles el colectivo Vacantes para todos, los fondos obtenidos serán donados a dos cooperadoras. Una de ellas la de la Escuela Normal Superior N 2 DE 6 «Mariano Acosta», ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

“En el reclamo judicial se expresa que el «Mariano Acosta», ha sido elegido por el Ministerio de Educación como epicentro del ejercicio monopólico de la violencia del Estado, no necesariamente legítima. Cuando sus estudiantes se resistieron al trabajo forzoso, enviaron subrepticiamente a una persona subcontratada por el estado a cortar al energía eléctrica de la Escuela. Luego amedrentaron a las familias de estudiantes de Nivel Medio de la escuela con intimaciones que dudosamente soportarían el escrutinio de un estudiante de obligaciones civiles y comerciales”, expresan en el comunicado. La otra mitad será destinada a la cooperadora de otra escuela.

Ley 104

La ley 104 es conocida como Ley de Acceso a la información pública. En su artículo 10 impone un plazo a los funcionarios para satisfacer el pedido, que no puede ser mayor a los quince días hábiles y que podrá ser prorrogado por única vez, por otros diez días. No existe ningún requisito para solicitar información a entes del Estado o a entidades privadas en cuanto a fondos de subsidios que hayan recibido. El trámite es simple, de libre acceso y gratuito y no requiere ser presentado por un letrado. Todos los niveles del Estado están obligados a brindar información, con algunas limitaciones. Sin embargo, son numerosos los incumplimientos y la mayoría de las veces quedan sin sanción.