En el mediodía de ayer, miles de recicladores marcharon desde San Juan y la 9 de Julio, hasta la sede del Ministerio de Espacio Público, frente al Parque Lezama. El detonador de la movilización fue lo que calificaron la falta de diálogo. Presentaron una serie de puntos y el reclamo de ser atendidos por el ministro Ignacio Bastroicchi

En la mañana de ayer, miles de trabajadores cartoneros cooperativizados se congregaron en 9 de Julio y San Juan para marchar luego hasta la sede del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. La marcha fue convocada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores ( (FACCyR) en repudio de la decisión del gobierno porteño de suspender el transporte para casi 3.500 recuperadores urbanos.

Las organizaciones calificaron a la medida de “ajuste brutal” y “persecución política”, porque consideraron que “pone en jaque un sistema de reciclado pionero, con casi 20 años de historia y reconocido internacionalmente”. En un comunicado informaron que “La suspensión del transporte afecta a casi el 70% de los recuperadores formalizados y representa un recorte salarial de más del 20%.”

La marcha se desarrolló sin incidentes, al igual que el acto realizado frente al Ministerio, sobre la Avda. Martín García al 300. Allí hubo una reducida guardia de infantería de la Ciudad manteniendo un carril libre, que en ningún momento los manifestantes intentaron romper. El mismo camión que abrió la marcha ofició de escenario, desde el que hablaron algunos de los y las representantes de las cooperativas que operan desde hace 18 años en CABA.

Hormigas y Cigarras pudo dialogar con una referente histórica de los recicladores urbanos de la Ciudad, Alicia Montoya, quien describió la situación actual más allá de esta última medida que provocó la movilización: “Este es un sistema que surgió en el 2001, con los mismos que generaron la crisis, que están de nuevo en el gobierno nacional y también en el de la Ciudad. Los mismos que generaron aquella crisis están generando esta en todo el país. Abrieron las importaciones, desplomaron el precio de los materiales. Está Argentina importando basura sin ningún control, con el riesgo que esto significa para el conjunto de la población”

Montoya, fundadora de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo, se refirió también a la depreciación de los materiales y puso como ejemplo el precio del cartón, que según explicó, en el año 2023 valía $300 el kg. y al día de hoy se los pagan $150. “Nosotros pedimos que nos sentemos a discutir, porque les queremos discutir el presupuesto, les queremos discutir el pliego y no solo para los cartoneros, sino para el conjunto de los hombres y mujeres que habitan la ciudad”, Montoya culminó así su explicación.

El sistema de reciclado de CABA es un modelo de co-gestión entre las cooperativas de recuperadores y el gobierno, reglado por las leyes 992/2002, con vigencia desde 2003 y la ley 1854/2005, también conocida como la Ley de «Basura Cero», por la cual el Gobierno de la Ciudad asumió el compromiso de reducir paulatinamente el enterramiento de residuos hasta llegar a cero.

Ese compromiso originalmente fue una reducción escalonada del 30% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017. No obstante, en 2017 aún no se había llegado a la meta de 2010, por lo que se sucedieron diversas modificaciones a la ley original. A través de la Ley N° 5.966/2018 los objetivos son: 50% para 2021, 65% para 2025 y 80% para 2030. En este esquema, uno de los eslabones imprescindibles es el trabajo de los 6.500 recuperadores urbanos, que recuperan más de 400 toneladas diarias de material reciclable, de acuerdo a datos brindados por las cooperativas.

Ayer, la FACCyR presentó una serie de “exigencias urgentes” al Gobierno de la Ciudad:

– Una reunión urgente con el Ministro y una mesa de diálogo real con participación de las cooperativas.

– La inmediata restitución del sistema de transporte gratuito y/o un esquema de compensación económica acorde.

– El compromiso explícito del GCBA con el modelo de reciclado con inclusión.

– El cese inmediato de toda forma de hostigamiento y criminalización contra los trabajadores.