El Censo 2022 pretende marcar un nuevo camino en la tradición argentina a partir de un giro subjetivo en el modo de concebir y registrar a la población. Por primera vez la pregunta por la identidad de género se enmarca dentro de la propuesta de reconocimiento de identidades heterogéneas frente a definiciones binarias impuestas desde el Estado. El interrogante principal ya no es “¿cuántos somos?”, sino “¿quiénes somos?”.
En Argentina, el censo nacional es una de las producciones con mayor relevancia y autoridad del aparato estadístico oficial, que contabiliza a todas las personas, hogares y viviendas del territorio nacional y recolecta información acerca de quiénes somos, dónde estamos y cómo vivimos en un momento histórico determinado. Apoyado en convenciones internacionales, constituye una fotografía de ese momento que se extiende por diez años. Por su carácter decenal, el censo es en ese sentido un evento esperado; fundamentalmente, porque actualiza la información que se tiene del total de la población y constituye una especie de termómetro social.
En cada una de sus ediciones se pone en movimiento el aparato estadístico en toda su plenitud. Los preparativos implican reconocer previamente el territorio nacional, organizar una compleja logística que incluye su división a la más mínima escala en fragmentos y radios que permiten, en una única jornada, el relevamiento de millones de argentinxs. El censo, en ese sentido, pone a prueba las capacidades del Estado. Cada vez que se lleva a cabo no sólo se movilizan recursos, presupuestos, sino también redes de articulación gubernamentales, verdaderas burocracias que son, en definitiva, un conjunto amplio y heterogéneo de agencias y personas que las encarnan en interacción con el resto de la población.
El censo estaba previsto para el 2020, pero fue postergado por la pandemia de Covid-19. Si la tarea de organizar el censo es de por sí extraordinaria, encontrar la manera de llevarla a cabo en un contexto de incertidumbre y bajo condiciones impuestas por el distanciamiento social multiplicaron el desafío. De allí que las expectativas fueron en aumento y la crisis se convirtió en una gran oportunidad para la introducción de innovaciones en la edición de 2022. Éstas reflejan de algún modo aquellos aspectos que se interesan conocer y, por ende, otros que no. La información estadística que se busca depende de los objetivos sociales y políticos que se persiguen en un contexto en particular. Mirando en retrospectiva, es posible identificar cómo, desde el primer censo argentino en 1869 hasta la actualidad, han ido cambiando los dominios del interés estadístico, de aquello valorado socialmente como relevante al punto de que el Estado invierta esfuerzos en su cuantificación.
En Argentina, las áreas de visibilidad estadística han apuntado, especialmente, a obtener respuestas sobre la orfandad, la naturalización de las personas nacidas en otros países, el estado civil y la unión conyugal de hecho, la fecundidad, la cobertura de salud, la situación previsional, la pertenencia a pueblos originarios y afrodescendientes de la población. Ahora bien, ¿qué innovaciones se pretenden alcanzar?
El operativo de este año indudablemente pretende marcar un nuevo camino en la tradición censal argentina. Por un lado, busca dar respuesta a demandas históricas de información y saldar discusiones en torno a la incorporación en el relevamiento de nuevos indicadores, que reconozcan a conjuntos poblacionales históricamente excluidos, desde una perspectiva de derechos humanos. Esas demandas vienen siendo impulsadas desde larga data por distintas organizaciones sociales y políticas que, en reacción a las mediciones oficiales, buscan darle voz a determinados silencios estadísticos. ¿Qué afonías se han cuestionado y de qué manera se introducen en la formulación del nuevo censo?
La emergencia de un giro subjetivo en el modo de concebir y registrar a la población intenta responder a estos interrogantes. Por otro lado, asume el cambio que, producido en las últimas décadas en relación a las tecnologías de información y comunicación, constituye una bisagra entre la tradicional manera de relevar los hogares y viviendas (censistas visitando hogares con el cuestionario impreso) y la incorporación de dispositivos digitales que permitirán optimizar las etapas de relevamiento, carga y procesamiento de los datos.
La modalidad híbrida de un censo que será electrónico pero que no desestimará el barrido tradicional (censistas que golpean las puertas de todas las casas) señala transformaciones más profundas que los Estados contemporáneos intentan dar, tales como la despapelización y la digitalización de los procedimientos de gobierno. Esta tendencia estructural vinculada al giro tecnológico-procedimental encontró una nueva oportunidad para desplegarse en un relevamiento que finalmente se realizará atravesando los coletazos de una pandemia. Además, buscó (sin poder conseguirlo) sentar nuevas bases para el uso y actualización de la información sobre la población mediante la articulación de distintos registros administrativos. Si bien por el momento la posibilidad de un nuevo giro administrativo se halla obstaculizada por la legislación vigente en materia de protección de datos personales, persisten tensiones que habilitan futuras discusiones.
El giro subjetivista
El lema del censo 2022 se centra en la consigna “ReConocerNos”. Se trata de una estrategia de difusión y adhesión a un relevamiento que propone la participación de la sociedad en un autorretrato colectivo y que se presenta como un cambio de paradigma resumido en el paso del interrogante “¿cuántos somos?” a “¿quiénes somos?”. Por primera vez, la pregunta por la identidad de género se enmarca dentro de la propuesta de reconocimiento de identidades heterogéneas frente a definiciones binarias impuestas desde el Estado. En cuanto dependen de la autopercepción de las personas encuestadas, esta variable es considerada subjetiva.
La diferenciación de la variable sexo de la variable identidad de género y la revisión de sus categorías internas conforma un debate ya instalado en los últimos años en el campo estadístico. Para quienes forman parte de las agencias gubernamentales la apertura a su disociación genera algunas resistencias. Particularmente porque las innovaciones en esta materia tensan una tradición de prácticas censales que se sostienen sobre la construcción de preguntas cuyas respuestas responden a categorías cerradas, exhaustivas, excluyentes y estables y, por otro lado, debido a la inconveniencia de discontinuar las series o afectar la comparabilidad histórica, tan demandada internacionalmente. Por otra parte, las posiciones de organizaciones LGBTIQ+ y sus referentes se disputan entre dos opuestos. En un extremo, se halla la oposición a encasillarse en categorías censales que estabilizan un proceso de subjetivación. Entre las reivindicaciones que manifiestan se encuentra, precisamente, la premisa de no ser capturadxs por las clasificaciones en las que subyace alguna forma de condicionamiento o control estatal. En ese sentido, sostienen una postura negativa a ser contabilizadxs como un acto de resistencia frente a aquello que se considera parte de una operación de gubernamentalización. En el otro extremo, se presentan posiciones más afines a la medición en tanto se pone en valor, centralmente, la importancia de los datos censales para visibilizar la diversidad y para el diseño y la implementación de políticas públicas que la contemplen o focalicen en ella.
En el marco de estas posiciones tensionadas y tensionantes se llevaron adelante cuestionamientos a la medición oficial de la nueva variable. De acuerdo a la indicación censal, la identidad de género refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.
La identidad de género reconoce entre sus categorías: mujer; mujer trans/travesti; varón; varón trans/masculinidad trans; no binario u otra identidad. La nueva métrica busca distinguir la vivencia personal de la correspondencia (o no) con la asignación del sexo al momento del nacimiento, en línea con quienes sostienen o apoyan la revisión del binarismo que organiza a una estructura social patriarcal. Ahora, ¿en qué medida la sociedad en su conjunto reconoce esta posibilidad? Sin lugar a dudas, la realización del censo llevará algunas discusiones sobre sexo y género a muchos hogares argentinos, quizás hasta ahora ajenos o distantes del debate social sobre la diversidad. Esto nos permite relativizar la idea de que las estadísticas constituyen, así sin más, espejos a través de los cuales lo social es posible de ser reflejado y recalcar su carácter performativo. Si bien son lentes a través de los cuales observamos nuestra sociedad, también forman una imagen de nosotrxs en la medida en que nos miden.
Por otra parte, y dado que las clasificaciones sociales tienen importantes implicaciones sobre cómo damos sentido y comprendemos el mundo en que vivimos es necesario reflexionar sobre la opción “ignorado”. Mientras que para todas las opciones anteriores el cuestionario se refiere a la vivencia personal e individual, se reserva la posibilidad de “ignorar” el género en caso de que responda otro miembro de la familia. La definición es metodológicamente problemática: si se trata de una variable cuya respuesta se basa en la autopercepción, ¿es lógico que otra persona pueda responder por unx?
El giro tecnológico-procedimental
Como señalamos, las preguntas del censo muestran las concepciones que se tienen acerca de la población. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se produce un desacuerdo en el modo de concebirla? Si bien la inclusión de preguntas vinculadas al autorreconocimiento étnico generó grandes expectativas, aquellas que aparecieron experimentalmente en el cuestionario censal dieron lugar a debates muy animados.
Distintas organizaciones de pueblos originarios así como profesionales universitarixs e investigadorxs presentaron sus objeciones. El formulario censal ante una respuesta afirmativa a la pregunta sobre la pertenencia a alguna de las comunidades originarias de nuestro país nos conduce a un casillero en blanco, que espera ser completado. Desde las organizaciones sociales y políticas presionaron para que se nombren los 39 pueblos originarios de la Argentina y a partir de allí se seleccione una de las opciones posibles. Ante los reclamos, la agencia estatal indicó la falta de espacio en el cuestionario censal para incluir a cada una de ellas. La pregunta que aún queda sin respuesta es de dónde surge el privilegio de la compresión de un formulario ante la invisibilización estadística que algunxs prefieren llamar reducción.
Por otra parte, en el intercambio en el que la ciudadanía brinda información a lxs censistas y éstxs la registran, se presenta otra dificultad que obstaculiza el deseo de un verdadero giro procedimental: en la movilización de las estadísticas para consolidar clasificaciones colectivas se exige al Estado la inclusión en el relevamiento de censistas hablantes de diversas lenguas (indígenas, migrantes, de señas) para que los interrogantes del censo tengan una efectiva comprensión lingüística. ¿Será posible una comunicación oficial plurilingüe que afiance una estrategia inclusiva?
Al parecer, existen otras innovaciones mucho más accesibles para los diseños procedimentales. La incorporación de tecnologías digitales, como el e-censo es un hecho. Este cambio en la tradición censal argentina, implica que la población deberá disponer de un lapso considerable de tiempo para autocompletar el censo en un formulario web y de ello, en parte, se deriva la decisión de pasar de un censo de hecho (registro según donde pernoctaron la noche anterior a la jornada censal) a un censo de derecho (registro según lugar habitual de residencia). En la jerarquización de las decisiones procedimentales, las tecnologías digitales llevan las de ganar.
El giro administrativo
A las controversias en torno al giro subjetivista y al reclamo dirigido en pos de un giro procedimental realmente inclusivo se suma la realización truncada de un giro administrativo.
La construcción de vínculos de las oficinas de estadística con otras reparticiones oficiales que producen datos no es una propuesta nueva. Desde sus orígenes, las oficinas de estadística se han apoyado en la compilación de información producida en el propio andar del Estado. Para proveerse de datos bastaría una prolija y adecuada articulación entre la oficina compiladora de estadísticas y otras instancias estatales implicadas. Éste era uno de los grandes desafíos para la ronda censal 2022 al incluir el DNI de las personas. Pero, ¿es posible un diseño de tal envergadura sin el consenso ciudadano? ¿Puede el Estado preservar la integridad y privacidad de los datos de manera tal que garanticen la confianza pública en el operativo censal? Si bien el pasaje de los archivos físicos a la creación de bases de datos que permitan la interoperabilidad de los sistemas de información estatales se vio obstaculizada por el reclamo de sectores de la sociedad civil, que buscaban garantizar la protección de los datos personales de la población, sería interesante abrir el debate sobre la ampliación de las funciones censales y la custodia del secreto estadístico.
Como vemos, las modalidades de acción política, el modo en que percibimos y construimos la realidad social y el lenguaje estadístico que permite expresarlas se hallan simultáneamente construidos. Las estadísticas siempre dependen de procesos previos de clasificación y estandarización, de acuerdos cognitivos acerca de qué medir y cómo hacerlo; así como la vida política está formada por realidades sociales que las estadísticas no sólo parecen revelar sino también instituir. De allí que la participación pública en la deliberación sobre la inclusión de indicadores oficiales permite escapar de ciertos determinismos asumidos y estimula una “pluralización de la cuantificación” a través de debates sobre el reconocimiento cada vez más amplio de la ciudadanía. Resta ahora esperar el producto de todos los esfuerzos realizados en los resultados censales.
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