El Gobierno de la Ciudad realizó tres operativos policiales en los últimos meses en el barrio popular La Carbonilla. El último fue el 11 de agosto y consideran que fue el más violento. Destruyeron algunas propiedades y secuestraron elementos de trabajo a uno de los habitantes. Clausuraron dos corralones externos al barrio.

En los últimos meses, el Gobierno porteño realizó por lo menos tres operativos de seguridad en el barrio popular La Carbonilla. El último fue el 11 de agosto y el jefe de gobierno lo comentó con un mensaje en redes: “En La Carbonilla no se construye un metro cuadrado más. Clausuramos dos corralones que abastecían a la villa. Ley y orden.”

El operativo fue encabezado por Jorge Macri y según datos oficiales, se desplegaron más cien agentes de la Policía de la Ciudad, equipos de Desarrollo Humano, Agencia Gubernamental de Control, Instituto de la Vivienda, Fiscalización, Higiene y de la Comuna 15. Y junto al Jefe de Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La sola lectura de los nombres que participaron da cuenta de la importancia que el Gobierno le asignó a este operativo, que contó con el habitual acompañamiento mediático que se despliega en estos casos y que tiene como figura destacada al jefe de Gobierno.

Pero, para los habitantes del barrio no todo lo que cuentan estas redes responde a lo ocurrido. El pasado jueves 20, radio La Colectiva se comunicó con Joaquina, coordinadora general de La Carbonilla que calificó al operativo para “la foto” y marcó una serie de inexactitudes sobre lo que trascendió a los medios:“Ayer vi en un diario que clausuró un local de celulares; no existe tal local acá”, dijo y agregó que los corralones clausurados no se encuentran dentro del barrio: “Los dos corralones están afuera del barrio y no son ilegales… tienen muchísimos trabajadores en blanco que ahora están sin trabajo”

Estos corralones llevan décadas en el barrio, antes de que existiera La Carbonilla. Ocupan predios linderos al ferrocarril San Martín sobre la calle Trelles al 2700 y sobre la calle Añasco, a metros de Trelles al 2650. Fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control con faja de clausura del día 12 de agosto de 2026 y no se especifica la razón.

Sobre el accionar de los funcionarios dentro del barrio, Joaquina narró como un doloroso episodio la destrucción de la vivienda de un trabajador cartonero y el decomiso de sus pertenencias: “Entraron en la casa de un cartonero, cortaron el portón. No estaba el señor y le rompieron todo. Le rompieron el baño, una casita que tenía, una cocina… se quedó sin casa, sin carro, sin nada de su laburo”.

Este último operativo tuvo también repercusión en la Legislatura. La legisladora Victoria Freire presentó un proyecto de declaración en el que deja constancia de la preocupación de vecinas y vecinos de La Carbonilla ante este tipo de acciones. Además, consideró que “…el operativo en el barrio La Carbonilla fue desplegado sin exhibir órdenes judiciales o administrativas que justificaran su realización. Y en cualquier caso, se realizó de forma violenta, decomisando insumos y herramientas que en ningún caso están prohibidas en el territorio de la ciudad.”

La Carbonilla se extiende en el área delimitada por la zona de vías del San Martín, Juan Manuel Trelles, Añasco y Espinosa En septiembre de 2022, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) realizó un censo habitacional integral en La Carbonilla, en dos etapas. Este relevamiento se dispuso bajo mandato judicial con el fin de consolidar un padrón electoral preciso y avanzar con la elección de los representantes vecinales, cosa que ya se hace. En ese momento había cuatro mil personas viviendo en el barrio. Han pasado cuatro años y se calcula que en la actualidad viven en el barrio entre cinco y seis mil personas. El crecimiento en altura que el jefe de Gobierno propone detener es reflejo de la necesidad de vivienda y de falta de políticas públicas para la construcción de vivienda social.

De acuerdo con los datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto destinado a los organismos de vivienda en la Ciudad (como el Instituto de Vivienda de la Ciudad – IVC) sufrió una fuerte caída en términos reales, alcanzando su piso histórico más bajo en catorce años.

Por su parte, un conjunto de organismos encabezados por el Ministerio Público Fiscal, ya el año pasado advertía sobre el retiro del Estado porteño de sus obligaciones con los barrios populares. “La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. A la precariedad habitacional se suman los déficits en el acceso a servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que vulnera los derechos de información y participación comunitaria.”, señala el informe

Imágenes del operativo: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires