El 30 de marzo se cumplieron doce años del incendio en la calle Luis Viale 1256 que provocó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. Seis personas que murieron encerradas, enrejadas en un taller habilitado para cuatro máquinas y en el que vivían y trabajaban 68 personas.
El 21 de junio de 2016, después de más de 10 años, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 dio a conocer el veredicto mediante el cual condenó a Luis Sillerico y Juan Manuel Correa a la pena de 13 años de prisión. Sillerico y Correa eran los responsables del taller, una suerte de capataces.
Detrás estaban los propietarios del inmueble, propietarios a su vez de la marca y de las prendas que se producían en ese taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Geiler.

Ninguno de los dos fueron citados nunca, ni siquiera en carácter de testigos. En su fallo, el TOC 5, además de las condenas mencionadas, devuelve la causa a la instrucción, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 27, a cargo del juez Alberto Baños y ordena indagar a Fischberg y Geiler en carácter de imputados.
Recordemos que en su momento, la causa estuvo a punto de naufragar en el mar de las prescripciones y si eso no ocurrió fue por la intensa actividad de sectores organizados alrededor de la visibilización de la trata con fines de explotación laboral. Luego del fallo de 2016, se repiten actitudes de parte de la justicia y también las respuestas populares.
Casi dos años después del fallo, el 30 de marzo hablamos con la abogada de la querella, Miriam Carsen.
Fue muy gráfica la abogada a la hora de describir lo que no había pasado en estos meses: “En realidad no pasó demasiado. Durante un buen tiempo el juzgdo que tenía que investigarlos y la fiscal, no hicieron casi nada. Decían que no los podían ubicar, ellos viven en capital, ambos. Ambos están vivos, estan sanos y siguen en actividad. Nosotros hicimos toda una tarea de búsqueda, muy básica pero que dio resultados y al final se lo ubicó a Geiler, que era el que no se lograba ubicar. A partir de allí los empezaron a citar para que declararan como imputados. Obviamente ellos se presentaron con abogados, hubo una serie de dilaciones y aún no les tomaron la declaración indagatoria. Esperamos que en este mes que viene (abril) se les tome declaración”
Respecto de los funcionarios responsables de los controles en el taller, el fallo de junio de 2016, ordenaba que se los investigara, respecto a esta otra investigación, Miriam Carsen explicaba que “Eso ya había sido investigado. Investigado entre comillas. Se había hecho de cuenta que se investigaba y habían quedado sobreseidos los que se habían podido determinar, porque una de las cuestiones que teníamos era que por ejemplo, los policías que venían a pedir coimas no había como identificarlos. Ni siquiera en que horario, como para saber quien era el comisario que estaba a cargo. En el caso de los funcionarios del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, que en su momento nosotros pedimos que se los imputara, terminaron todos sobreseídos”.
El viernes 30 de marzo se realizó en la puerta de lo que quedó del taller, una actividad. Como para ratificar que las cosas avanzan cuando existen posibilidades de lucha por parte de sectores organizados de vecinas y vecinos que, en este caso, exigen justicia.
HyC – Foto: Archivo propio