Más de trece meses pasaron desde que se aprobar la ley de expropiación del local de Cromañón. La incertidumbre relatada por familiares y víctimas de la masacre finalmente llegó a su fin porque el ejecutivo nacional firmó el decreto correspondiente el 30 de noviembre. El decreto crea un consejo asesor compuesto en el que participarán familiares

A diez días del final, el gobierno de Alberto Fernández le dio un cierre al reclamo de familiares y víctimas de la Masacre de Cromañón firmando el decreto reglamentario de la expropiación. Al respecto Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, explicó a La Retaguardia que el decreto no es el que las organizaciones reclamaban. «Las nueve organizaciones peleamos por la paridad en el Consejo, en la Comisión Administradora y no lo logramos – dijo – Denunciamos, cuando fue necesario la mano de Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y hermana de Aníbal Ibarra, quien era jefe de Gobierno porteño al momento de la Masacre) en este sentido. Pero, a la vez, consideramos que hay derecho a ponerse contentos por un ratito, por este logro que plantea quién es el sujeto expropiante, que plantea una autoridad de aplicación, que plantea que el Tribunal de Tasación tiene que terminar su tarea, que plantea el uso del inmueble por parte del Estado y que plantea la creación urgente de un Consejo Asesor. También discutimos la palabra ‘asesor’ porque nosotros consideramos que es un consejo de participantes, pero de todas maneras creemos que en un escenario complejo, la reglamentación que se pudo es mejor que ninguna, es mejor que el silencio y es mejor que la absoluta indefensión frente a algo que no sabemos lo que vendrá”.

A su vez, en diálogo con Télam Celeste Oyola, sobreviviente de Cromañón dijo “Es un gran paso para todos los que creemos en que la memoria es colectiva y que estas acciones son la única garantía de no repetición”. Por su parte, el también sobreviviente Nicolas Pappolla señaló que “Hoy se cierra una etapa importantísima y necesaria. El Estado Nacional decidió honrar la voluntad del pueblo y las provincias comprometiéndose con la historia”.

La ley 27.695 fue sancionada en octubre de 2022 y declaró «de utilidad pública y sujeto a expropiación» los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures donde funcionó el boliche “República Cromañón”. La reglamentación se estableció a través del decreto 652/2023, publicado en el Boletín Oficial, que cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Desde el 2004, el inmueble no volvió a abrir sus puertas, con excepción de las pericias judiciales que se hicieron en su momento.

La norma también establece que la propiedad estará destinada a albergar «un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido», para lo cual «se creará una muestra permanente» que relatará esa historia «y se organizarán actividades culturales e informativas».
Imágenes: Telam