Desde el espacio  de la Asamblea Ciudadana dieron a conocer en el día de hoy, una serie de exigencias vinculadas a parar o morigerar la
incidencia del tarifazo dado a conocer a fin de año, en los sectoresmás marginados de la sociedad porteña.Exigen que en sesiones extraordinarias, la Legislatura declare la emergencia tarifaria, un proyecto de ley presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad a fines de noviembre de 2018, cuando ya se conocía que el gobierno nacional transferiría los subsidios de servicios a otros distritos.Durante el año pasado crecieron los créditos solicitados por jubilados para pagar servicios como luz o gas.

La Asamblea Ciudadana, que reúne diferentes organizaciones sociales,
comenzó hoy la recolección de firmas para que la Legislatura porteña
se reúna en extraordinarias y declare la emergencia tarifaria como
primera medida. La presentación incluye además, establecer un nuevo
régimen de Tarifa Social para los servicios públicos y frenar los
cortes de estos mismos servicios. Agregan en esta oportunidad, que el
gobierno de la ciudad debe revocar la decisión de aumentar las tarifas
del transporte público de pasajeros, tanto la que comenzó a regir el
sábado pasado como las previstas hasta el mes de abril.
A partir de la Resolución N° 122/2018 del Ministerio de Energía el
Gobierno Nacional suspende su aporte presupuestario al sostenimiento
de la tarifa social de electricidad transfiriendo a los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
responsabilidad de generar sus propios regímenes de aportes al consumo
eléctrico de la población a partir del 1 de enero de 2019.
El impacto de las tarifas en los bolsillos ciudadanos ha llegado al
punto de que a partir del mes de abril del año pasado, muchos
jubilados y jubiladas solicitaran créditos de ANSESS, también en
entidades particulares, para el pago de las tarifas, sobre todo las de
luz. Esto lo denunció en octubre la diputada nacional Mirta Tundis
quien en ese momento se opuso a convalidar el presupuesto nacional
para el presente año y criticó el pago extra en 24 cuotas, que
Cambiemos asumió con las generadoras de gas.
Por su parte para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, más de la
mitad de la población porteña se encuentra en situación de Pobreza
Energética. Por esto reclama la convocatoria a extraordinarias con el
objeto de “proteger a las familias de los cortes de los servicios
públicos por incapacidad económica. El Acceso a los Servicios Públicos
es un Derecho Humano”, señalaron en un comunicado.
Consideran, además, que el actual régimen de Tarifa Social resulta
insuficiente para atender la  situación en la que se encuentran los
sectores residenciales. Tampoco alcanza a los colectivos que realizan
actividades comunitarias (como los clubes de barrio, comedores) y a
las pequeñas empresas.
El observatorio presentó el 23 de noviembre del año pasado el proyecto
de Ley N° 3849-P-2019, en el que propone medidas concretas para esta
problemática, describe las condiciones para ser
beneficiarios/beneficiarias de la tarifa social porteña e incluye en
esta tarifa a clubes de barrio, deportivos o sociales y centros
educativos públicos. El proyecto 3849 cuenta con el apoyo de la CTEP
Capital y la CTAA-Capital.

HyC