En la primera semana de junio, la Legislatura Porteña aprobó el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Esta no es la primera vez que se anuncia y se aprueba un traslado y tampoco es la primera vez que se construye una cárcel donde trasladar a la población, hacinada en un edificio obsoleto. Detrás de este nuevo anuncio hay algunas modificaciones con lo hecho hasta ahora, que dejan abierta la puerta a los negocios inmobiliarios.

El traslado de la cárcel abre además otros interrogantes, como por ejemplo, que se hará con el espacio carcelario declarado en octubre de 2012 como Sitio de la memoria. Recordemos que la unidad 2 funcionó como centro clandestino de detención y torturas entre 1976 y 1983. En el pabellón séptimo, al menos 65 personas murieron asfixiadas, quemadas o baleadas, por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, el 14 de marzo de 1978. La cifra se eleva a más de cien según los datos aportados por familiares. Allí estuvieron, además, detenidas unas mil doscientas personas entre hombres y mujeres, muchas de ellas posteriormente “blanqueadas”, tal la expresión asignada a los detenidos y secuestrados que eran pasados a la órbita de la justicia ordinaria. La demolición del edificio trae consigo este interrogante, como será señalizado, de que manera se respetará la voluntad de los legisladores en 2012, de preservarlo. Varios organismos de derechos humanos ya han alzado la voz para que se tome en cuenta. Desde la Comuna 11 existe una propuesta de preservar un área sin demoler, para convertirla en museo y registrar la masacre y el lugar de detención.

Otro interrogante que se abre es en relación a los espacios que quedarían liberados. La propuesta del gobierno de Rodríguez Larreta es destinar parte de esos terrenos a espacios verdes y otra parte la volcarían al mercado inmobiliario. Se trata de financiar la nueva cárcel con la venta de estos terrenos. Sin embargo no se explica porqué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería financiar una cárcel federal ni por qué se deberá construir otra cárcel cuando ya se está construyendo una en la localidad de Agote para efectuar el traslado de los detenidos. En relación a la historia del traslado de esta penitenciaría, el programa Ruta Alterntativa de Radio La Colectiva entrevistó a la periodista Mónica Rodríguez, directora del periódico Aquí Villa del Parque. “Las promesas sobre el traslado de la cárcel de Devoto, son de muy vieja data y eso lo sabe cualquiera que viva en las cercanías. Algunos se refieren a más de 50 años con estas promesas. Aparentemente ese predio es una donación y tendría que haber sido destinado para escuelas y terminó siendo un complejo penitenciario. Como sabemos, en los últimos meses el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Nación informaron con bombos y platillos el traslado de la cárcel de Devoto a una nueva cárcel que se tiene que construir en Marcos Paz, al lado de la que ya funciona. Lo paradójico es que ninguno de los dos gobiernos explican porque no se hace este traslado a donde debería hacerse, que es la cárcel de Agote. Esta cárcel está próxima a terminarse, de hecho a fin de año se termina una parte con capacidad para 600 internos. El año que viene se concluye definitivamente y la capacidad total será para 1700 internos. La primer promesa de traslado comenzó en el gobierno de Carlos Menem en 1996. Esa es la misma época en la que se construyó la cárcel de Marcos Paz. Mientras la de Marcos Paz se realizó, la de Agote ni siquiera se terminó de licitar en ese periodo”, explicó Rodríguez.
La periodista repasó el lento derrotero de la cárcel de Agote que durante el gobierno de De la Rúa se comenzó a licitar, durante el mandato de Kirchner pasó lo mismo sin resultado y finalmente fue Cristina Fernández la que dio los pasos de licitar y adjudicar la construcción. Entre tanto pasaron 20 años, que como sabemos, no son nada.

El resto son interrogantes, como ya planteamos. No se ha informado a los vecinos por qué no se producirá el traslado, como estaba previsto desde hace 22 años, a la nueva construcción de Agote, por qué se elije construir una nueva en Marcos Paz para el traslado, por qué los vecinos de la ciudad deberían financiarla. Por qué los internos deberán continuar padeciendo estas condiciones de encierro en un edificio obsoleto, pensado para 700 internos y en el que hoy viven 1.800. Por otra parte, el convenio firmado entre Ciudad y Nación, no garantiza en ninguno de sus artículos que el traslado se realizará una vez construido el nuevo edificio de Marcos Paz.
El convenio sí especifica que se podrá disponer la venta de entre el 35 y el 40% de las casi cinco hectáreas que queden libres una vez demolida la cárcel.
HyC