En la tarde de ayer se realizó una nueva audiencia en la causa donde se juzgan por espionaje a organizaciones sociales a tres expolicías de la Federal. Fue el tiempo de los alegatos de la querella y la fiscalía, las que pidieron la pena máxima prevista, dos años de prisión y el doble de inhabilitación. Las defensas de los acusados pidieron un cuarto intermedio para preparar el suyo. El tribunal fijó la nueva audiencia para el martes 28 de marzo a las 9 de la mañana, cuando se escucharán a las defensas y posteriormente, el veredicto

En la tarde de ayer, en Comodoro Py, se desarrolló una nueva audiencia en el caso que se juzga a Américo Balbuena por espiar a organizaciones sociales durante once años y a sus dos jefes de entonces, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez.

Los primeros alegatos estuvieron a cargo de la querella y fue la abogada Liliana Mazea la que hizo uso de la palabra para expresar que “Vimos durante el proceso que las defensas o los imputados trataron de enmarañar este proceso y lo hicieron tratando de evadir la acción de espionaje suplantándola por una acción legal, como ser solidarios con las organizaciones que iban a reclamar”

Más adelante, Mazea describió lo que consideró tres tácticas de las defensas “Una, la que el señor Balbuena era un señor de pocas luces, solamente podía hacer tareas administrativas, que no tenía capacidad para tener personal a su cargo. Esas escasas aptitudes se contrarrestan con el legajo personal incorporado en este proceso…” Luego la abogada nombró varios de los conceptos vertidos por sus superiores a lo largo de la extensa carrera de Balbuena, en las que sus jefes lo calificaron como un individuo con excelentes cualidades profesionales y personales o un trabajador incansable que siempre se proponía dar más.

Mazea se refirió luego a una segunda estrategia utilizada por los imputados, la que pretende inscribir el trabajo de la policía Federal en un mundo nuevo a partir del año 1983, en el que ya terminó la guerra fría y la antinomia comunismo-capitalismo. “Sin embargo -dijo la abogada – tengo que recordarle al tribunal que en el 2001, hubo cinco muertes producidas en la Plaza de Mayo por la policía Federal, donde Ruben Santos, que era el jefe de la policía Federal en ese momento y el secretario de seguridad Mathov tienen confirmadas sentencias en Casación por los asesinatos y las lesiones graves que sucedieron en ese lugar”

Posteriormente, abordó lo que definió como la tercera táctica: “La década del 2000-2001 se presenta con muchas crisis, con mucha manifestaciones, con mucha represión ¿qué hacen ellos? Dicen que eran gestores oficiosos de las luchas y manifestaciones” A estas afirmaciones, Mazea le contrapuso la mirada de la querella, que señala que la policía Federal fue responsable de las represiones contra el movimiento estudiantil o el movimiento obrero y que muchos de sus integrantes fueron parte de lo que se denominó la Triple A.

Luego de la intervención de Liliana Mazea fe el turno de Matías Aufieri. El abogado querellante abundó en ejemplos que se contrapusieron y apuntaron a tirar por tierra estos tres ejes de las defensas y los imputados. Por último y cerrando la jornada de ayer, fue el turno del alegato de la Fiscalía, a cargo del abogado Ariel Quety, el que hizo una síntesis precisa, refutando también los argumentos de las defensas y los imputados.

Ambas partes pidieron para los tres acusados la pena máxima prevista, que es de 2 años de prisión y el doble de inhabilitación y ambas partes también coincidieron en lo exiguo de la pena dado el daño institucional y particular que se infringió. También hubo coincidencia a la hora de resaltar la relevancia simbólica que tendrá una condena, dado que es la primera vez que integrantes de una fuerza de seguridad están por este delito en el banquillo de los acusados.

Tras el pedido de cuarto intermedio solicitado por las defensas de los acusados, el juez Daniel Rafecas fijó una nueva audiencia para el próximo martes a las 9 de la mañana, en la que tendrán su oportunidad las defensas, luego un tiempo para las últimas palabras de los acusados y posteriormente se pasaría a un nuevo cuarto intermedio, tras el cual el tribunal daría el veredicto. También fijó la fecha de la sentencia para el 31 de marzo.