Un salón de belleza ubicado en el barrio de Villa del Parque fue clausurado por realizarse allí tratamientos médicos de depilación con maquinarias sin habilitación y comercializar productos prohibidos

El miércoles 31 de mayo, personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad realizó procedimientos en dos locales contiguos, ubicados en la avenida San Martín al 5200, en el barrio de Villa del Parque. Ambos locales pertenecen a la misma empresa y en uno funcionaba un centro de estética y depilación, mientras que el otro estaba dedicado a la venta de insumos para la belleza personal.

De acuerdo a lo informado por la oficina de prensa de la Policía de la Ciudad, la investigación tuvo inicio cuando efectivos de la Superintendencia de Investigaciones detectaron que en la página web de la firma y en redes sociales se comercializaban cremas, lociones, hilos tensores, rellenos de ácido hialurónico y toxina botulínica, siendo productos que no contaban con autorización para su uso y comercialización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), además de ello, la empresa ofrecía el servicio de aplicación de los productos, publicándolos como importados, para subir el costo de los mismos.

A partir de la página web, se pudo acceder a la ubicación del salón de estética. En el lugar se pudo establecer que los locales no contaban con habilitación para su funcionamiento, pudiendo comprobar, además, que los productos comercializados en el centro de belleza, así como la máquina de depilación láser se encontraban prohibidos para su venta y uso en el país.

Los procedimientos se dieron en el marco de una investigación ordenada por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 11 a cargo de la Dra. María Massaglia, y una vez realizados los allanamientos, el magistrado correspondiente resolvió imputar a los responsables de los comercios por Infracción al Artículo 201 del Código Penal: “Comercializar Sustancias Peligrosas Para la Salud”, la clausura de ambos locales, en tanto que personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró actas por falencias de seguridad e higiene.

Cabe resaltar que dicho artículo del Código Penal estipula penas de tres a diez años de reclusión si se los hallara culpables, además de multas establecidas en pesos que como consecuencia de la inflación resultan nimias.
Imágenes – Prensa de la Policía de la Ciudad