El martes, el juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que en la práctica le impide al Gobierno de CABA continuar con los desalojos administrativos. Inmediatamente, Jorge Macri apeló la cautelar. Por su parte, el viernes, varias organizaciones marcharon desde Callao y Corrientes hasta el ex Edificio del Plata para visibilizar la situación en la que quedaron las miles de personas desalojadas en pocos meses

El martes pasado, 16 de junio, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar ante una demanda colectiva que reclamaba poner un freno a los desalojos extrajudiciales de carácter administrativos que viene llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Jorge Macri. En su fallo, el juez ordena al Gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo”.

Cifras oficiales, aportadas por el ejecutivo ante un pedido de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa de CABA relevaron que 621 de estos procedimientos (realizados hasta marzo de 2026) afectaron a 4.482 personas, incluyendo a más de 1.400 niños y niñas. Los datos aportados revelan que de las personas desalojada un tercio son varones, otro son mujeres y otro son niños y niñas. Además, el informe confirma que el 30% de los desalojos administrativos se produjeron en los dos primeros meses de 2026. A su vez, en cuentas oficiales el Jefe de Gobierno afirma haber recuperado o devuelto a sus propietarios más de 840 propiedades que se encontraban tomadas irregularmente.

Desalojo de La Chavi – abril 2026

Desalojos administrativos

Julieta Neumann es directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, trabaja con Victoria Freire que es la presidenta de la comisión y el martes 9 de junio participó de un conversatorio sobre desalojos y la situación de las familias desalojadas, organizado por la Red Acercándonos en la ByLPLI. Allí explicó que “En la comisión empezamos a abordar desalojos de los que son con causa judicial, es decir, aquellos que están en el marco de un proceso judicial, con un expediente concreto en donde interviene un juez que falla diciendo, efectivamente tiene que suceder este desalojo y se convoca a todos los organismos intervinientes en esa situación. Que son por lo menos diez, hasta zoonosis tiene que intervenir en ese tipo de procedimientos. Es el Poder Judicial el que convoca a esos organismos para que intervengan y por lo menos hay diez días previos, o más a veces, de aviso del desalojo. Entonces la gente tiene como, por lo menos, una notificación previa.”

La asesora parlamentaria detalló luego cómo Jorge Macri comenzó a utilizar otra estrategia para desalojar: “Después empezaron a aparecer otros tipos de desalojos que son los administrativos. Es decir, desalojos que el gobierno de la ciudad, a través de un decreto del jefe de gobierno, dice, este inmueble lo necesito y para eso necesito que suceda una desocupación administrativa. Y ahora, hacia finales del año pasado, empezó a aparecer esta otra modalidad, que también son procedimientos administrativos, se rigen en la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad. Se le dice que es un desalojo por una situación de extrema urgencia que se tiene que desocupar porque hay peligro de colapso. Llega un inspector de la Guardia de Auxilio. En general, por no decir el 90% de los casos, es Miguez (arquitecto Gustavo Miguez). Es de la Guardia de Auxilio y va al inmueble, pide ingresar, dice que es un inspector. En muchos casos no entra. Ingresa y hace una inspección ocular del inmueble y dice que este inmueble tiene peligro de derrumbe, labra un acta que al finalizar no dice nada, porque ya viene pre-hecha. Es un acta que dice que hay peligro estructural. ]Con su afirmación basta y se le tiene que desocuparse inmediatamente. Y con eso es que empieza todo el proceso de desocupación del inmueble”.

Red Acercándonos – Conversatorio en la ByLPLI

El ejemplo más cercano en la Comuna 11 fue el desalojo de La Chavi del 23 de abril, donde ésta guardia de auxilio llegó muy temprano en la mañana, despertó a los moradores de San Blas al 1900 con la calle vallada en ambas esquinas y los camiones de gran porte para cargar las pertenencias de las familias desalojadas listos, estacionados a 100 metros. Además del personal policial preparado para intervenir, de hecho, cerca del mediodía tiraron gas lacrimógeno que afecto a niños y niñas.

Al no haberse dado los pasos judiciales, no haber sido avisados del desalojo, no intervenir los organismos previstos por la justicia, las familias quedaron expuestas al plan de continencia que pudiera surgir. Los alojamientos a los que los llevaron fueron temporales y totalmente fuera del área donde desarrollan sus actividades, sobre todo los niños y las niñas. Tampoco pueden prever qué hacer con sus muebles y artefactos domésticos en general, en los camiones los llevan a un depósito, según denuncian, sin inventariar.

En la misma actividad organizada por la Red Acercándonos participó también Ada Daglio, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Según explicó, “En un caso sacaron a las personas y las pertenencias quedaron dentro del domicilio, demoraron dos días en tapiar. Ese inmueble fue robado y les robaron las pertenencias a las personas. Por otro lado, preguntamos si el Gobierno de la Ciudad tenía un inventario de las pertenencias de las personas desalojadas y no lo tienen. Lo que nos dicen es: nosotros nos llevamos las cosas de la gente, las guardamos en galpones del mismo Gobierno de la Ciudad y las personas vienen, nos piden sus pertenencias y se las llevan…Algo más debería haber, sino ¿como saben que esto es mío y eso es tuyo? También nos llegan casos de personas que no pueden recuperar sus pertenencias porque el Gobierno le dijo que no las tiene”. El fallo del juez Gallardo apunta a parar con esta forma de desalojar que suma angustias al hecho angustiante en sí mismo de tener que dejar el techo en forma compulsiva.

La marcha

El amparo colectivo no es el único camino que elijen las organizaciones que se convocan para parar con esta modalidad de desalojo. El pasado viernes 19 de junio, encabezados por la Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda, convocaron en Callao y Corrientes a una marcha para visibilizar la situación que atraviesan. La llamaron Marcha de las escobas, evocando la histórica “Huelga de las escobas” organizada principalmente por mujeres en 1907 en el barrio de La Boca, para resistir los aumentos en los alquileres de los conventillos que habitaban. Así, rodeadas de sus hijos, esperaban a los abogados que encabezaban los desalojos, acompañados por escribanos, policías o bomberos. En más de una ocasión las escobas funcionaron como disuasivo y las más organizadas lograron parar o morigerar los aumentos.

A pesar de la tarde fría, fue numerosa la columna que marchó hasta el edificio del Mercado del Plata para unir simbólicamente lo que consideran un ejemplo de la entrega del patrimonio de la Ciudad, con sus reclamos. Participaron partidos de izquierda, el Movimiento de Ocupántes e Inquilinos (MOI) y también varias militantes feministas históricas como Nina Brugo y Raquel Disenfeld.

Magalí Zirulnikoff es integrante del movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos y ella misma militante feminista, y respondió a este medio la razón de estas presencias: “Los desalojos afectan particularmente a las mujeres y a las identidades diversas y a las infancias. Principalmente el impacto lo tienen las familias monomarentales que tienen a su cargo a los hijos e hijas, que tienen que trabajar a veces en dos lugares para poder sostener y esas son las personas más afectadas. Son las mujeres y las infancias las que ven y sienten la mayor vulneración de derechos, porque no tienen herramientas para poder defenderse”.