La legislatura porteña constituyó una comisión de fiscalización de actos de gobierno en pandemia conformada por siete miembros oficialistas sobre once en total. Estaba prevista desde mediados de mayo. La oposición se manifestó en contra de esta conformación

Todo comenzó a principios de abril con la compra de barbijos a precios que nada tenían que ver con los del mercado. Se habían pagado 3.000 pesos por cada uno a la empresa Green Salud, del abogado Ignacio Saenz Valiente; quien mantiene negocios con Rodrigo Miguel, hermano de Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. La compra motivó la renuncia de un funcionario. Se trata de Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud. También se cuestionó una sospechosa contratación de hoteles. En este caso el renunciante fue Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo.

En ese momento la oposición propuso investigar a fondo todos los actos de compras producidos en pandemia y contó con el apoyo de algunos sectores aliados al gobierno de Rodríguez Larreta. Este apoyo duró poco porque algunas legisladoras que al principio pidieron investigar a fondo, luego se volcaron por la constitución de una comisión.
Comisión que quedó conformada ahora con un total de once miembros de los cuales siete son del partido de gobierno o sus aliados.
La oposición encabezada por el Frente de Todos denunció la composición de la comisión y en particular rechazó que la comisión fuera presidida por un integrante de la coalición gobernante.

Cecilia Segura, Lucía Cámpora y Matías Barroetaveña- junto con el diputado Eugenio Casielles de Consenso Federal, se manifestaron en contra de la conformación:.“No es propio del sistema republicano y democráctico que una Comisión de control, propuesta por el Frente de Todos, sea presidida y esté compuesta en su mayoría por legisladores del mismo bloque político que el Poder Ejecutivo al cual buscan fiscalizar.¿Una comisión para controlar al Ejecutivo, conducida por el oficialismo?”, señalaron desde el Frente de Todos a Telam

Agregaron que el Ejecutivo no remitió los informes previstos en la Ley de Emergencia, con lo cual los diputados carecen ahora del insumo necesario para poder controlar. El oficialismo también se opuso a dar acceso a los sistemas de información a los diputados, a quienes invitó a «presentar pedidos de informe de acceso a la información pública», con el retardo que esto genera, sobre todo si se presentaran decenas de pedidos. Esto se suma a la resistencia de Vamos Juntos a involucrar de forma obligatoria a la Auditoría General de la Ciudad en el control de la emergencia, la que sólo podrá intervenir «a pedido de la comisión». Es decir, que la Auditoría General podrá auditar en estos casos solamente si la comisión la habilita.

Legisladores del Frente de Todos señalaron que “Llaman la atención la falta de transparencia de Vamos Juntos para obstaculizar un verdadero control de los gastos en el marco de la emergencia. Esto redunda en una mayor preocupación a la luz de las últimas compras realizadas por el Gobierno de la Ciudad, entre las que se cuentan la sospechosa adquisición de barbijos con sobreprecios, el intento de recorte de 780 millones de pesos a comedores comunitarios o la compra de un millón de pesos en materiales deportivos para tiro con arco”.
HyC –