El pasado miércoles 12 de noviembre se realizó la audiencia convocada por el juez Guillermo Scheibler por los recursos de amparos colectivos interpuestos ante el cierre de la escuela 16 DE14, Fray Justo Santa María de Oro. Participaron los abogados de las familias demandantes, la fiscalía y funcionarios del Ministerio de Educación. Además, estuvieron presentes el legislador Gabriel Solano y la Secretaria de Ademys Mariana Scayola. En poco menos de dos horas quedó expuesto el efecto dominó que tuvo su origen en la decisión de la AAAJ de cerrar la escuela. El juez pidió al Ejecutivo más datos sobre la articulación para la fusión de la Fray Justo con la 15, Provincia de Mendoza que los funcionarios presentes afirmaron haber realizado.

El miércoles al mediodía se desarrolló la audiencia requerida por el juez Guillermo Scheibler en el caso de los recursos de amparo colectivos interpuesto por medio centenar de familias de la Escuela 16 DE14, Fray Justo Santa María de Oro, ante el cierre de la institución, entre otros. Estuvieron presentes algunas de las familias que presentaron los recursos de amparo, sus abogados, representantes del Ministerio Público Fiscal, representantes del Ministerio de Educación, la Secretaria General de Ademys, Mariana Scayola, representando a las docentes de la escuela y el diputado de la Ciudad Gabriel Solano como amicus curiae del tribunal. Acompañaron en la puerta del juzgado, Suipacha 150, docentes, familias de la Fray Justo e integrantes de la Asamblea de Paternal y del gremio Ademys.

En cuanto a funcionarios, participaron Marcela Monti por el Ministerio Público Fiscal, Unidad especializada en litigios complejos, Damián Corti por el Ministerio Público Tutelar – Unidad especializada en procesos colectivos. Además estuvieron presentes lo abogados del Gobierno de la Ciudad Ramiro Rojas y Agustín Luci y las directoras de las escuelas 16, Roges Gisela Alejandra, de la 15, Provincia de Mendoza, Carina Lorna Casas González y de la EEM N° 2 Argentinos Juniors, Florencia Boireau

La ministra de Educación Mercedes Miguel estuvo representada por Juan Rodrígo Stanczak – director de la Dirección de Educación Primaria, Ignacio José Curti – subsecretario de la Subsecretaría de gestión Administrativa, Nancy Sorfo – directora de Educación General de Gestión Estatal, María Alejandra Gurgo – directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos e Inés Cruzalegui – subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión de Aprendizaje.

La primera en hacer uso de la palabra por la parte actora fue Susana Riveros, una de las demandantes del recurso de amparo “en defensa de la comunidad”, quien enfatizó en que hay “una situación de dominó” que comienza en el desplazamiento de la EEM-2 y afecta a las escuelas 14 y 15. De esta manera presentó desde el comienzo la situación que se habría desencadenado a partir de la decisión de la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ) de darle otros destinos a sus instalaciones. Luego, mientras el debate avanzaba, otros abogados se refirieron al desplazamiento de la EEM-2 como al origen del conflicto y mencionaron también el incumplimiento de una ley de 2004 por la que la AAAJ tiene el compromiso de sostener ese espacio para educación hasta 2100

A su turno, Eduardo Barreiro, abogado de la comunidad de la Fray Justo se refirió al comportamiento de los funcionarios dentro de la escuela 16, sin diálogo y exigiendo a las familias que elijan otro establecimiento escolar. Además, recordó que la Fray Justo está en un edificio propio, en tanto la 15 en uno alquilado del que no se conoce el costo del alquiler.

La secretaria de Ademys, Mariana Scayola se refirió también a la falta de diálogo, pero respecto a los docentes de la 16 e insistió en que “fue un tratamiento coercitivo, exigiendo a los docentes que firmen y tomen una decisión sin que mediara ningún acto administrativo”.

“Hay algo muy difícil de explicar a alguien que no es docente y está al frente de una escuela, hay algo de lo que uno pone en un proyecto institucional, en la construcción del vínculo con esos estudiantes. Acá se habla de los chicos, decían las maestras, como si fueran cajas de tomates que pueden ir de acá para allá…los docentes ponen mucho de su fuerza de trabajo para generar una institución donde los pibes estén bien, aprendan, estén en las mejores condiciones posibles sabiendo que nunca son las ideales. Eso es parte también de lo que se pierde con todo esto”, enfatizó y recordó que una parte importante de la matrícula de la Fray Justo son chicos y chicas con CUD que se encuentran integrados o en un avanzado proceso de integración.

También afirmó que las maestras de la Fray Justo le encomendaron que dijera que “Querían hacer principal hincapié en los derechos que se pierden de los pibes. Es una escuela de más de cien años (108) con su historia, con su identidad, con su pertenencia al barrio y tiene una pertenencia para los pibes y pibas que hoy están ahí. Son más de cien y podemos hablar de la matrícula, bueno, hasta ahora el gobierno no tomó ninguna medida respecto a esto, lo único que hizo es cerrarla, porque ellos lo llaman fusión, pero la Escuela Fray Justo desaparece”.

Los y las representantes de los diferentes estamentos del Gobierno de CABA mostraron una situación muy diferene a la que fueron describiendo familias y docentes desde mediados de agosto, cuando estalló el problema. Alejandra Gurgo abrió la exposición y afirmó que esta resolución administrativa firmada el 3 de noviembre “…que fusiona las dos escuelas primarias fue producto de un montón de acciones que se fueron sucediendo en el Ministerio entre los distintos actores y también con la comunidad docente y con la comunidad educativa...”

Inés Cruzalegui, por su parte, fue tajante al afirmar que “La escuela no es un centro terapéutico ni un centro médico” y defendió la propuesta de pareja pedagógica que proponen para chicos y chicas con CUD. El tema de la matricula fue recurrente y repasó la de la 16: 60 alumnos en el turno mañana y 51 en el turno tarde, 11 con CUD y 10 con acompañante terapeútico. También dio los datos de la 15: 180 alumnos 90 en cada turno y 9 con CUD

A su turno, Ignacio Curti se refirió a la situación de Argentinos y respecto a la ley de 2004 que sella el compromiso con la Ciudad aseguró que hay un proyecto de ley en trámite en la Legislatura que busca la modificación de los usos. “Es verdad que existió un convenio en su momento, en el año 2004 y en 2007 se prorrogó hasta 2100. Esa ley lo que contempla es un espacio para el Ministerio de Educación. La AAAJ está planificando una serie de obras en su estadio, tuvimos conversaciones informales en las que nos fue informando y la convivencia ya también con las obras que está desarrollando Argentinos. Sumado a que entendemos que las condiciones estructurales de una escuela en un bajo tribuna no eran las óptimas para perpetuarlo en el tiempo”.

El abogado Agustín Luci, inmediatamente pretendió despegarse de lo que dijo Curti afirmando que “…no hay nexo de causalidad entre una institución y las otras y que son hechos independientes el uno del otro”. Pero en otras intervenciones Curti pareció obstinado en demostrar que el conflicto se inició cuando el 8 de agosto le informaron a la comunidad educativa del EEM-2 que serían trasladados al viejo edificio de la Escuela Yrurtia en Mataderos, cosa que la comunidad rechazó de plano.

Tambien Gabriel Solano tuvo su turno para refutar la afirmación de la presentación de un proyecto de ley: “Es falso que haya un proyecto de ley que modifique el convenio establecido entre el Gobierno de CABA y el club – afirmó categoricamente el diputado del FIT-u. “Y si lo hubiese, de todas maneras sería un proyecto, confundir una ley con un proyecto creo que no vale la pena abundar. Imagínense si cada persona, porque tiene un proyecto actuara en función del proyecto y no de la ley vigente, estaríamos en un Estado que nada tiene que ver con el Estado de derecho”, agregó.

Para finalizar, el juez Guillermo Scheibler pidio a los representantes del gobierno que aporten un informe sobre la situación del nivel inicial y la información de la situación de los chicos con CUD. También pidió información sobre las dimensiones de las aulas, teniendo en cuenta que algunas tendrán que contener a los acompañantes. Pidió también un informe sobre el estado edilicio del edificio de la Escuela Provincia de Mendoza y las actas de las reuniones previas con las autoridades de las escuelas, con las comunidades educativas y con las comunidades de docentes. Todo esto en un plazo perentorio, debe resolver un amparo.

Imagen principal – redes sociales

Otras imágenes – fotogramas del video de la audiencia publicado en la página Juscaba