Impulsan juicio político a miembros del TSJ de la Ciudad
Es a raíz de un fallo dividido que condiciona el acceso a la educación en CABA. El pedido de juicio político involucra a los cuatro jueces que votaron a contramano de las instancias anteriores. Decenas de organizaciones juntan firmas para el juicio político y denuncian “mayoría automática” de la corte a favor del gobierno que encabeza Rodríguez Larreta
Diputados de la oposición y decenas de organizaciones de la Ciudad solicitaron el Juicio Político a Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA que el 16 de diciembre firmaron una sentencia que, por lo menos, va a contramano de lo que opinaron jueces de primera instancia, y las cámaras de apelación correspondientes en este y otros expedientes. Se trata del fallo sobre una demanda concreta para acceder a una vacante en la escuela pública de la ciudad. El caso comenzó en 2018 por una vacante denegada en 2017 y llegó a la corte porteña tras sucesivas apelaciones del Gobierno de la Ciudad.
Básicamente, los dos jueces y las dos juezas se alinean con la postura del gobierno que niega su responsabilidad en brindar educación pública a los chicos y chicas de 45 días a dos años de edad. Pero no se queda en esa lectura sino que avanzan proponiendo una suerte de meritocracia a la hora de otorgar vacantes.
La sentencia despertó estupor en la comunidad educativa en general y la reacción no se hizo esperar por parte de gremios, centrales de trabajadores, organismos de derechos humanos y agrupaciones que nuclean a padres y madres que se organizan tras las vacantes en la escuela pública. El fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de la Nación, mecanismo que se ha puesto en marcha, según hicieron saber los abogados de la familia.
En paralelo, 20 diputados de la oposición, Frente de Todos y la Izquierda unida en la Legislatura, promovieron el juicio político a los cuatro integrantes del TSJ. De acuerdo a lo publicado por la agencia Télam, el lunes 28 de diciembre se habría puesto en marcha el “procedimiento previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que dispone que el proceso deberá "establecer si los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano han incurrido en alguna de las causales previstas" en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.
"Solicitamos que se activen los mecanismos que ayudarán a dilucidar el correcto proceder de los jueces que fundamentaron el desentendimiento del Gobierno de la Ciudad del deber de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la educación", tal lo Publicado por Télam.
El expediente deberá ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, en caso de aprobarse su paso al recinto, demandará de al menos 40 votos afirmativos, de los 60 que componen la cámara.
Por otra parte, decenas de organizaciones se suman al pedido de juicio político y juntan firmas. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad dieron a conocer la posición de muchas de esas agrupaciones: “Esta Mayoría Automática destruyó los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la Educación Pública al establecer que el GCABA sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las persona que demuestren que no pueden pagar una escuela privada (certificado de pobreza)”, dijeron en un comunicado en el que invitan a firmar la petición de juicio político:
De los cuatro jueces cuestionados, el más antiguo en su cargo es el abogado Luis Francisco Lozano, que integra el TSJ desde su segunda composición, entre los años 2004 y 2009. Le sigue la Dra. Inés Weinberg, quien lo integra desde 2013 y se suman en 2019 la abogada Marcela de Langhe y el abogado Santiago Otamendi.
La sentencia
José Eduardo Machain fue una de las primeras voces que se levantaron contra la sentencia del TSJ. Machain fue Consejero por la Legislatura entre 2006 y 2017 y es miembro del grupo de trabajo “Infancias y Juventudes” de Clacso. En diálogo con Hormigas y Cigarras señaló que el voto de mayoría representa un grave ataque al derecho a la educación en general y al derecho de la primera infancia de acceder a su educación y cuidados de calidad, gratuita y universal, sin discriminación ni segregación de ningún tipo, y que vulnera el principio de no regresividad de las políticas. Respecto a los fundamentos de la Jueza De Langhe, los más extensos y los que encabezan la postura de los otros tres jueces, Machain entiende que elabora “un andamiaje de argumentos que pretenden relativizar el mandato expreso de la Constitución CABA que en su artículo 24 señala: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior".
Destaca que de Langhe reconoce esta obligación pero que el Estado "... no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado.", citado de los argumentos de la jueza.
Respecto a que en la sentencia los jueces hacen recaer en el Legislativo la responsabilidad de no haber acordado partidas para la construcción de escuelas, Machain señaló que “Desde que el PRO, el macrismo, es gobierno hegemonizan la Legislatura y son ellos mismos no solo los que votan el presupuesto remitido por el Ejecutivo sino los que fueron confirmando año tras año la disminución del presupuesto para educación. No es que la Legislatura es corresponsable, la responsabilidad es de la fuerza política hegemónica en la Ciudad de Buenos Aires que no sólo detenta el poder ejecutivo sino que, con sus aliados, hegemoniza las mayorías en la Legislatura”.
Por último agregó que “El fallo es osado porque no hace otra cosa que habilitar el incumplimiento de la constitución. En un marco contextual, el de la pandemia, con lo que va a venir para adelante, seguramente el año que viene (2021), específicamente en los espacios dedicados a la primera infancia y a los más chiquitos, que es de estos de los que estamos hablando, son los que no van a tener capacidad de exigirle al Estado la vacante. La educación inicial es un derecho y esto es lo que el fallo del TSJ desconoce”.
HyC – Imágenes: Lampadia
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