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Dom 05 de Abril de 2020

Derechos de las mujeres en deuda, educación sexual en falta y represión a las manifestaciones: el estado de los derechos humanos en la región y Argentina durante 2019

Mientras millones de personas salían a las calles para protestar contra la violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de nuestro continente restringieron el año pasado el derecho a manifestarse y también a pedir asilo, en desprecio de las obligaciones del derecho nacional e internacional. Así lo manifestó Amnistía Internacional hoy, que presentó tanto su informe anual sobre la región como un diagnóstico especial sobre el estado de situación de los derechos humanos en Argentina.
📑INFORME REGIONAL 
📑INFORME NACIONAL 
📑 Diagnóstico sobre los derechos humanos en Argentina
En su informe, "Derechos Humanos: Agenda para Argentina", Amnistía Internacional destacó la necesidad de que Argentina legalice el aborto y garantice su acceso. “La transición mundial hacia modelos de eliminación total de la amenaza penal dejan a nuestro país inmerso en un retraso que lo coloca a la retaguardia de los principales países desarrollados en el mundo. Esperamos que finalmente en 2020 la despenalización y legalización del aborto se traduzcan a la realidad”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Otro de los ejes que recorre el informe es la falta de información que hay respecto a la ley de Educación Sexual integral (ESI). La organización envió pedidos de acceso a la información pública en julio de 2019 a las 24 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo información sobre implementación de la ESI. A la fecha solo se recibieron 6 respuestas, lo que impide obtener información precisa. Pese a los 12 años de existencia del Programa de Educación Sexual Integral, 8 de cada 10 estudiantes no reciben educación sexual en sus escuelas.
En este contexto de falta de información, las cifras sobre embarazo no intencional en la niñez y adolescencia son alarmantes: cada 4 horas hay un parto de niñas menores de 15 años en la Argentina.
Otro de los ejes que recorre el informe es el de los derechos humanos y las nuevas tecnologías. En Argentina, 3 de cada 4 personas están preocupadas por el uso de los datos personales que hacen grandes compañías, como Google y Facebook. Desde una perspectiva de género, los resultados indican que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales en nuestro país.
Argentina atraviesa una profunda crisis con retracción de la actividad económica; el aumento de los índices de pobreza; el deterioro en las jubilaciones y otras prestaciones sociales; la pérdida de empleos; la caída del salario real y del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación que produjo un deterioro en la agenda social y económica del país. En este contexto de austeridad, las obligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa no deben obstaculizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
Los pueblos indígenas son discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir. El Estado ha comenzado un proceso de relevamientos territoriales que debe terminar prontamente como paso necesario para que luego las comunidades puedan avanzar en procesos de reivindicación y titulación comunitaria.
La situación en materia de seguridad, prisión preventiva, impunidad y las deudas con las personas refugiadas son otros de los ejes que recorre el informe nacional. Todos los capítulos son acompañados por recomendaciones para el Estado Nacional.
📑Los derechos humanos en las Américas durante 2019
Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, en países como VenezuelaHondurasPuerto RicoEcuadorBoliviaHaitíChile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.
La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.
En total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.
El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones —una cifra sin precedentes en las Américas-, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.
Hasta fines de 2019, más de 180.000 personas venezolanas ingresaron a Argentina e iniciado sus trámites de regularización. El rol nuestro país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa la oportunidad y responsabilidad de seguir impulsando la implementación de mecanismos para frenar la impunidad y permitir que las víctimas de violaciones puedan aspirar a obtener verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaban a pueblos indígenas de BrasilBolivia, Perú y Ecuador. Brasil se vio especialmente afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de tierras.
Sin embargo, el año pasado también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países (incluido el nuestro) habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que significa que sólo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor. 
“Ahora que entramos en una nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y seguras”, concluyó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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