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Vie 10 de Julio de 2020

Barril criollo, otro salvataje que nos aleja de la diversificación

Se publicó finalmente el decreto que fija el precio del barril de petróleo en Argentina. Ante la imposibilidad de acuerdo entre empresas y estados provinciales, el gobierno nacional impuso su decisión: 45 dólares. El monto supera por 10 dólares la referencia internacional y por 19 el costo de producción de shale en Neuquén. Esta definición aparece como un salvataje a las empresas del sector, para que no dejen de perforar y bombear hidrocarburos. Funciona, fundamentalmente, como un rescate para las provincias que dependen de los ingresos por el cobro de regalías petroleras, cuyas economías si no se incendiaron están al borde. 

Por OPSur

El decreto 488/2020 fijó el precio al que las refinerías deben abonar el crudo. No hay  transferencia de fondos estatales, sino un precio de transacción. Mientras no aumente el precio del combustible que pagan quienes consumen, la norma redistribuye los costos al interior de la cadena de producción. La definición gubernamental beneficia a las empresas que extraen crudo por sobre las que lo refinan, que reclamaban un barril a 37. Eso sí, pese a la caída del precio del barril internacional, en Argentina los combustibles en pesos no bajan. 

Según Andrés Repar del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz y en base a lo que han declarado YPF y la petrolera de Miguel Galuccio, Vista Oil, un buen precio de base para el barril sería 26 dólares; 19 por debajo del fijado. Durante este año el precio promedio al que se vendió el crudo en el país fue de 54 dólares en enero, 51 en febrero y 42 en marzo. En abril esa cifra se derrumbó pero todavía no fue publicada por la Secretaría de Energía. 

El freno de la economía y la reducción del consumo derivado del aislamiento social preventivo y obligatorio generaron un sobrestock. El mismo fenómeno en el mundo ocasionó la caída del precio internacional de petróleo. Ambos procesos pusieron en jaque al sector petrolero en Argentina, particularmente en Vaca Muerta, que demanda precios altos para extraer hidrocarburos. El decreto 488/2020 es un salvataje a las empresas pero lo que está de fondo es la importancia del sector como dinamizador de economías locales. 

Uno de los determinantes para la implementación de la medida fue la situación crítica en las provincias donde se extrae crudo. Por regalías, estas reciben el 12% de la producción, por eso siempre reclaman un precio alto: en marzo habían pedido un barril a 54 dólares. Se espera que con una paulatina recomposición de la demanda y el barril criollo se reactive el sector extractivo y que, además de incrementarse la recaudación provincial, las diversas actividades asociadas revitalicen esas economías. Con ese horizonte, el decreto 488/2020 demanda a las operadoras que sostengan la inversión para mantener “los niveles de actividad y/o de producción registrados durante el año 2019”, además de “los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales” y del personal empleado al 31 de diciembre de 2019. Pero esa meta podría quedar en una declaración de buenas intenciones y bajo alcance en vista de las dificultades que plantean las compañías y la inacción gubernamental ante los despidos registrados en diferentes sectores de la economía, incluso a pesar de haber sido prohibidos al inicio de la cuarentena. 

Es tanta la importancia de las provincias en la fijación de este barril que el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, propuso un desdoblamiento del precio interno. La petrolera, además de ser una de las principales operadoras de Argentina, controla la planta de refino de Axion, en Campana, Buenos Aires. En las negociaciones, el ejecutivo propuso un barril a 37 dólares y que las provincias cobren regalías como si su precio fuera de 45, es decir, 5,4 dólares por barril producido. En definitiva, un aumento de las regalías para que las provincias aceptaran un barril más bajo. 

El ejemplo paradigmático de la dependencia es Neuquén, que, al 31 de septiembre, era el distrito con mayor endeudamiento per cápita del país. En la década de 1990 consolidó su matriz monoproductora, situación que no revirtió a pesar de los distintos planes de diversificación que se implementaron. El estado es el mayor empleador, el pago de sueldos representa el 62% de los gastos presupuestados por la provincia para 2020, mientras que las regalías explican el 32% de los ingresos. En Santa Cruz y Chubut, en tanto, las regalías representan alrededor del 25% del ingreso provincial. Más allá de la situación actual, cualquier política a mediano plazo requiere repensar las dinámicas económicas de esas provincias. Más cuando como el costo no declarado de esta actividad se ha traducido, a lo largo de las décadas, en una fuerte degradación y contaminación de los territorios, como recientemente lo advirtió el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Juan Cabandié, que aseguró que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. 

Un política soberana sobre la energía implica un desacople de los precios internacionales, tanto cuando estos suben como cuando bajan. El sector (y sus provincias amigas) reclama aumentos cuando el precio internacional se sube y ayudas cuando el precio internacional cae, liberales en las alzas, estatistas en las bajas, la historia misma del empresariado. El desacople, en tanto, debería estar pautado en base a precios de producción que hoy solo podemos estimar por las declaraciones empresariales. Por otra parte, la captación de renta petrolera por parte de las “provincias productoras” a través del cobro de regalías derivó en una perniciosa asociación que funciona en pos de beneficios de las empresas, en las que sectores de las clases dirigentes locales intervienen como voceras de las compañías. Se crea así un espiral de dependencia, al tiempo que logran mejoras en la cotización interna del barril o se incrementa la extracción, aumenta la subordinación de las economías provinciales a  los ingresos por regalías. Mientras que por otro lado, quienes sufren la afectación directa por las explotaciones, así como las y los consumidores de combustible, quedan marginados del debate. 

Una política soberana implica hoy apostar a una profunda diversificación productiva de las regiones donde se extraen hidrocarburos. Diversificación productiva que debe ir de la mano de la transición energética. La crisis sanitaria y económica que atravesamos debe impulsarnos a no demorar más esa decisión. 

Foto: energianeuquen.gob.ar

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